La industria de la bici eléctrica abarca más de 400 factorías entre OEMs y componentes, pero parecen ser poco reconocidos por el Gobierno español.
Es por ello que desde la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) reclaman que se los reconozca como tal y tomen el protagonismo que se merece,
“Todavía no se nos ha tomado en serio, la industria de la bici eléctrica está teniendo una gran inversión y un gran proceso de reindustrialización”, comenta Jesús Freire, Secretario General de AMBE.
La realidad es que en España se producen más bicicletas y se ha multiplicado por dos en comparación con 2019.
Además, la industria tomó tal relevancia al punto de emplear a 24.000 personas.
“Ofrecemos una industria de altísima calidad con renombre en todo el mundo, sin embargo, carecemos del respaldo que otras industrias similares tienen a través de planes específicos de apoyo”, recalca Freire.
Y agrega: “Le planteamos a todos los partidos que se presenten a estas elecciones y al gobierno que se conforme que presten mayor atención a la bici eléctrica”.
Según las estimaciones de AMBE, probablemente, en el plazo de unos cinco años se venderán más bicis eléctricas convencionales.
También, la industria de los componentes consta de un proceso de crecimiento.
“Esta situación no es sostenible si no se impulsan políticas de incentivo de la demanda. Es ahí donde, sin duda, la administración pública tiene que implementar medidas para la bici eléctrica”, expresa Freire.
El reclamo va en el contexto de que esta semana se realizarán los comicios que definirán al próximo Gobierno de España.
Otras propuestas para el impulso de la bici eléctrica
España ya cuenta con una Estrategia Estatal por la Bicicleta, aprobada en Consejo de Ministros, que se estuvo construyendo durante diez años.
AMBE fue uno de los nosotros involucrados desde sus inicios.
“Es un proyecto de país fundamental y prioritario, pero hay que dotarlo del impulso presupuestario y político que necesita”, comenta Freire.
Una de las propuesta de AMBE tiene que ver con impulsar una fiscalidad más verde.
La idea que se tiene es bajar el IVA a la compra, alquiler y reparación de bicicletas de cara a cumplir con un acuerdo europeo de 2021, en el que España respaldó la medida en el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea.
Ya hay países que lo aplican como lo son Portugal y Luxemburgo.
En concreto, Portugal cuenta con un IVA 15 puntos más bajo para la compra, alquiler y reparación de bicis eléctricas que España.
Esto podría impulsar mucho más al sector en el país con más de 3.100 puntos de venta y reparación de bicicletas.
“Si España pudiera actualizar su política fiscal, reduciría el coste de compra de bicicleta eléctrica de 3.000 euros. De aplicarse la norma de Portugal el usuario se ahorraría 500 euros”, comenta el Secretario General.
Otro punto que marca Freire es el desarrollo de las infraestructuras necesarias para poder circular en bici en entornos urbanos y rurales de España.
Esto se relaciona a las condiciones de seguridad, tanto como parte integral de la red de carreteras gestionada a nivel estatal, autonómico y local.
Por eso se debe incentivar la creación de redes de carriles bicis segregadas y continuas.
Que sean cómodas y seguras dentro de zonas urbanas, donde también se establezca una reducción de la velocidad en zona urbana y también rural.
Una de las medidas que también apunta Freire se relaciona a la Ley de Tráfico y al Reglamento General de Circulación en España.
“No son del siglo XXI y no tienen en cuenta, ni priorizan los medios de transportes activos. No están al nivel de los estándares europeos”, argumenta.
La bicicleta reclama una regulación semafórica específica.
También, busca que se le dé prioridad a permitir la circulación en los dos sentidos en vías de un solo carril.
Se toma como ejemplo a Francia y Alemania que lo reducen a 20 o 30.
