A partir del 1 de enero de 2023, entró en vigor el Real Decreto que establece la obligatoriedad de contar con puntos de recarga en los aparcamientos no residenciales.
Según esta normativa, cada uno de estos edificios debe contar con al menos un punto por cada 40 plazas, hasta 1.000 plazas, y uno adicional por cada 100 adicionales.
En el caso de los establecimientos que sean titularidad de la Administración General del Estado, se debe instalar una estación de recarga por cada 20 plazas de parking, hasta 500 plazas, o a partir de 40 plazas en el caso de estacionamientos públicos.
Además, se establece la obligación de disponer de al menos un punto en las instalaciones o en un radio de 300 metros.
En consonancia con lo dispuesto en la Ley 7/2021, las estaciones de servicio cuyas ventas de gasolina y gasóleo superaron los 10 millones de litros en 2019 deberán instalar al menos un cargador de potencia igual o superior a 150 kW.
Aquellas con ventas superiores a cinco millones de litros de gasolina y gasóleo en el mismo año deberán implementar al menos una estación de potencia igual o superior a 50 kW.
A pesar de que ha transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de ambos decretos, no solo no se han cumplido en su totalidad, sino que además no se estaría aplicando la misma exigencia a los parkings que a las gasolineras.
Ante esta situación, ¿sería necesario implementar un régimen sancionador?
“En lugar de aplicar sanciones, se deberían dar avisos”, indica Elis Álvarez González, CEO de Smart Wallboxes, a Mobility Portal España.
En este sentido, el experto explica que no tiene sentido imponer el cumplimiento de la normativa a las entidades, sino que ya debería ser algo que se adopte voluntariamente.
Sin embargo, también surge otra problemática que no está relacionada con la voluntad, sino con la falta de difusión del Real Decreto.
“A día de hoy, hay muchas empresas que tienen más de 40 plazas de aparcamiento y ningún punto de recarga, muchas de ellas simplemente porque desconocen la normativa”, asegura el CEO.
En varias ocasiones, Smart Wallboxes ha tenido que intervenir para «convencer o mediar» con las compañías para que cumplan con el decreto.
Este esfuerzo está alineado con su objetivo de fomentar el uso del vehículo eléctrico y promover una movilidad sostenible mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos y puntos de recarga.
Cabe destacar que Smart Wallboxes ofrece soluciones tanto para particulares como para empresas, que incluyen el estudio de sus necesidades y el acompañamiento en la transición hacia la electromovilidad.
Así como también facilita la implementación en parkings privados y comunitarios.
¿Qué ocurre con el cumplimiento del reglamento en las gasolineras?
En contraste a lo que sucede con la instalación en parkings, los propietarios de estaciones de servicio están siendo apercibidos por no cumplir con el decreto.
Más de 800 estaciones ya deben estar trabajando en el cumplimiento de las directrices, de no hacerlo, se aplicará un régimen sancionador.
De acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno nacional, el control de la obligación del mismo recaerá en los órganos competentes en materia de registros de gasolineras de las comunidades autónomas.
En caso de infracción, se aplicará el régimen establecido por la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, cuyas multas oscilan entre 600.000 euros y 30.000.000, dependiendo del nivel de infracción.
El importe exacto dependerá de los criterios de la Administración y de las circunstancias concretas.
En este punto, el CEO de Smart Wallboxes subraya: “Reducir la huella de carbono es un tema que concierne a todos y debemos colaborar juntos para abordar este problema, ya que afecta a cada uno por igual”.
No obstante, no toda la responsabilidad debe recaer sobre los propietarios de las gasolineras.
Actualmente, este despliegue también se ve afectado por los extensos tiempos que llevan los trámites para habilitar los puntos de recarga en el país, siendo la burocracia la principal causa de esta problemática.
Esto se refleja en los más de 8.000 puntos de recarga en todo el territorio nacional que aún esperan su puesta en funcionamiento.
Muchos de estos puntos se encuentran en fase de construcción o a la espera de obtener algún permiso, ya sea por parte de la empresa distribuidora o de alguna entidad gubernamental.
Un ejemplo de esto es CEPSA, que recientemente ha recibido apercibimientos por parte de la administración por no tener instalado una estación de recarga para la cual no se les ha otorgado la habilitación.
La empresa posee aproximadamente más de 400 proyectos, para los cuales han solicitado más de 300 permisos a las entidades públicas.
Hasta el momento solo cuentan con 100 estaciones de servicio concedidas y 80 construidas, de las cuales alrededor de 10 están en funcionamiento.
