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julio 22, 2024
Inés Platini
By Inés Platini

CEEES fija el «sangrante» eMobility: «Hay que realizar inversiones cuantiosas que luego no son amortizadas»

En el marco de un gobierno que impone a las estaciones de servicio la obligación de instalar puntos de recarga en sus establecimientos, Nuria Lekue, vicepresidenta II de CEEES, asegura que se trata de inversiones que "no son rentables porque no hay demanda".
CEEES fija el "sangrante" eMobility: "Hay que realizar inversiones cuantiosas que luego no son amortizadas
commercial@strategicenergy.com

La descarbonización del transporte por carretera, que representa el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, requiere un mayor desarrollo de las infraestructuras de recarga. 

No obstante, el costo y la lenta recuperación de estas inversiones plantean un dilema para las gasolineras que deben cumplir con la Ley 7/2021.

La Directora General de Estaciones de Servicio Galindo S.A y Vicepresidenta II de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Nuria Lekue indica a Mobility Portal España:

“El problema que tenemos con todas estas energías alternativas para la movilidad es que el suministro de las mismas requiere de inversiones muy cuantiosas que luego no se ven amortizadas”. 

Nuria Lekue, Directora General de Estaciones de Servicio Galindo S.A y Vicepresidenta II de CEEES.

Y enfatiza: “Esto es especialmente sangrante en el caso de la electromovilidad”.

En concreto, Leuke dispone de un conector CHAdeMO de 100 kW y tres conectores Combo 2 de 180 kW.

Estos cuentan con una media de recargas diarias de 0,75 por cada uno de ellos, alcanzando hasta 1,25 recargas diarias por conector en algunos picos de demanda.

“Con estos números en la mano, es evidente que esta línea de negocio está muy lejos de ser rentable”, asegura la representante de CEEES. 

La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética publicada en el  Boletín Oficial del Estado impone a las estaciones de servicio la obligación de instalar puntos de recarga. 

Aquellas con ventas anuales superiores a 5 millones de litros de gasolina y gasóleo deben contar con infraestructuras con una potencia mínima de 150 kW o 50 kW, según el volumen de ventas. 

Se estima que más de 800 estaciones ya deben estar trabajando en el cumplimiento de esta normativa. 

El incumplimiento conlleva sanciones severas, con multas que oscilan entre 600.000 y 30.000.000 de euros, dependiendo del nivel de infracción.

No obstante, más allá de las palabras, el sector requiere ayudas y mejoras para implementar estas infraestructuras. 

¿Cuáles? 

Principalmente, la eliminación de la burocracia, que actualmente ralentiza los trámites para la habilitación de puntos de recarga, dejando como resultado a más de 7.000 en todo el país en fase de construcción o esperando permisos.

Un ejemplo de esto es CEPSA, que ha recibido apercibimientos por parte de la administración por no tener instalada una estación de recarga para la cual no se les ha otorgado la aprobación.

La empresa posee aproximadamente más de 400 proyectos, para los que han solicitado más de 300 permisos a las entidades públicas.

Hasta finales del año pasado solo contaban con 100 estaciones concedidas y 80 construidas, de las cuales alrededor de 10 se encontraban en funcionamiento.

La situación no es exclusiva de España. 

El Reglamento Europeo de Infraestructuras para Combustibles Alternativos (AFIR) establece que para 2030, se deben desplegar al menos 3.600 kW de potencia de carga para transporte pesado cada 60 km en las principales vías.

Así como a su vez 1.500 kW cada 100 km en vías secundarias.

Esto supone una inversión total estimada en 1.400 millones de euros, siendo el 50% de estos recursos destinados a la instalación de infraestructuras de «recarga»repostaje». 

Sin embargo, la rentabilidad sigue siendo una preocupación

En su momento, Jorge de Benito Garrastazu, Presidente de CEEES, mencionó a Mobility Portal España que disponía de cargadores eléctricos en dos estaciones, cada uno con una capacidad de 22 kW y un coste de 15.000 euros.

“En uno he facturado 100 euros desde el año 2015 hasta el año 2019 y decidí cerrarlo y en el otro nada, simplemente el impuesto de actividad económica es aproximadamente 1.000 euros en cada”, detalló.

Para abordar esta situación, desde el sector sugieren facilitar los procesos burocráticos, ofrecer incentivos fiscales y subvenciones, y garantizar un apoyo continuo a la expansión de la red de recarga.

¿Cuál es entonces el plan de las gasolineras?

“La táctica puede ir variando, pero nuestra estrategia es la misma desde hace décadas: garantizar el suministro de energía para la movilidad en función de las opciones que requieran nuestros clientes”, sostiene la Vicepresidenta II de CEEES. 

Esto implica que es el cliente quien toma la decisión y la responsabilidad de las estaciones de servicio es ser lo suficientemente ágiles para responder a las tendencias observadas en el mercado de la automoción.

En este sentido, E.S. Galindo es una compañía «moderna, comprometida con el servicio al cliente y decidida a minimizar el impacto ambiental» del transporte.

Somos y queremos ser mucho más que meros suministradores de gasolina y gasóleo, somos y queremos ser los garantes de la movilidad de empresas y particulares”, destaca Nuria Lekue.

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