En el marco de la iniciativa virtual “¿Quién es Europa en 2024?” Organizado por CharIN, Kai Tullius, líder de políticas de la Comisión Europea, Petar Georgiev, Jefe de Asuntos Regulatorios de AMPECO, y Jan Wegener, líder del equipo europeo de NOW GmbH, brindaron una descripción general de cómo será el futuro de la infraestructura de carga.
En respuesta a una pregunta sobre las sanciones por violaciones de las empresas, Tullius comenta: «Podríamos tomar medidas contra ciertos operadores si creemos que hay una clara violación de normativas como la Regulación de Infraestructura de Combustibles Alternativos (AFIR)».
Sin embargo, señala que en textos legales de esta naturaleza, los operadores de puntos de recarga (CPOs) tienen cierta «flexibilidad» para que las empresas introduzcan sus soluciones, y si no son impugnados, tampoco habrá intervención del Tribunal de Justicia.
«De esta manera, los CPOs pueden brindar soluciones amigables para el consumidor y al mismo tiempo ser muy fáciles de administrar», dice el líder de políticas.
Entonces, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los operadores de puntos de recarga?
En principio, los objetivos y requisitos de la infraestructura de vehículos eléctricos se centran en garantizar un acceso cómodo y transparente para los usuarios finales.
Los CPOs deben ofrecer la opción de cobro ad hoc en puntos de acceso público, utilizando métodos de pago comunes en la Unión Europea (UE).
El cobro ad hoc significa que un usuario final puede adquirir el servicio sin necesidad de registrarse, firmar un acuerdo formal o establecer una relación comercial más allá de la adquisición del servicio.
Esto permite una compra sencilla y directa del servicio sin la obligación de suscribir un contrato con un proveedor de servicios de movilidad.
En segundo lugar, el cobro de precios debe ser razonable, transparente y no discriminatorio, facilitando la comparación entre proveedores y clientes finales.
También es necesario que los puntos de carga estén conectados digitalmente y sean capaces de realizar una carga inteligente para mejorar la eficiencia.
Tullius explica: “Lo que queremos conseguir es que cualquiera que llegue a una estación pueda pagar fácilmente con los instrumentos a los que tiene acceso, como un teléfono móvil y una tarjeta de crédito o débito”.
«Si eso se asegura, genial, si no se asegura, es ilegal «, añade.
Vale la pena señalar que no todos los Estados miembros están obligados a cumplir los objetivos establecidos por AFIR.
Aquellos que alcancen al menos el 15% de vehículos eléctricos ligeros en su flota total de coches matriculados podrán solicitar requisitos más bajos a la Comisión Europea.
Esta medida se aplica en los casos en que la implementación de los requisitos estándar se considere perjudicial para el país en cuestión.
Finalmente, sobre la futura revisión del texto, Tullius indica: “Mi esperanza para 2026 es que se comprendan los objetivos de AFIR y que se implemente el reglamento. Espero que no tengamos que regularlo aún más«, indica.
En concreto, la revisión prevista para ese año apunta al Artículo Seis donde residen las mayores dudas, que trata de los vehículos pesados.
El objetivo es producir informes y textos más completos que abarquen datos específicos de ese sector en particular.
Por lo tanto, la Comisión Europea se está preparando para publicar un informe crucial que detalla la dirección del mercado del automóvil.
Bajo la dirección del comisario, este documento no se limitará al análisis técnico, sino que intentará comprender de primera mano cómo los fabricantes y operadores cumplirán los objetivos de rendimiento de emisiones de CO2 para los vehículos pesados.
El texto explorará el panorama futuro del mercado, abordando cuestiones críticas como la proyección del número de vehículos esperado, los perfiles técnicos predominantes y si los objetivos actuales son apropiados.
Además, se cuestionará si los estándares establecidos para los vehículos eléctricos y de hidrógeno son realistas o requieren ajustes.
Este análisis se centra en comprender hacia dónde se dirigen los mercados y cómo las políticas regulatorias pueden adaptarse para garantizar un desarrollo sostenible y eficiente en el sector automotriz.
¿Qué les depara el futuro a los cargadores?
El gran reto, según los participantes, reside en conseguir que todos los operadores implementen un método de pago fácil y seguro, principalmente a través de un dispositivo móvil.
Sin embargo, también compartieron su perspectiva sobre tecnologías futuras y consistentes.
Petar Georgiev afirma: «La tendencia más importante es que vemos una necesidad creciente de integrar terminales de pago con lo que, en nuestro caso, es el sistema de gestión de puntos de recarga (CPMS)«.
¿Qué es un CPMS?
Es una solución integral de software basada en la nube diseñada para monitorear y controlar varios aspectos de las estaciones de carga de forma remota.
Esta plataforma facilita el monitoreo del estado del dispositivo de carga, la gestión del acceso de los usuarios, la recopilación de datos para facturación, la optimización del programa y la identificación y resolución de posibles fallas o problemas.
La conexión de cargadores a una red genera una serie de ventajas tanto para los conductores de vehículos eléctricos como para los proveedores de servicios o mantenimiento.
Para los conductores, la conectividad proporciona información clara y un mayor control sobre las sesiones de carga, mientras que para los proveedores de servicios y mantenimiento, facilita la optimización del rendimiento, las actualizaciones remotas de software y una resolución de problemas más eficiente.
Por otro lado, según Jan Wegener, en los sistemas de pago actuales prevalecen la comunicación de campo cercano (NFC) y los códigos QR dinámicos.
Estas herramientas permiten la autenticación sin pin y son compatibles con teléfonos inteligentes para una experiencia de usuario más cómoda.
Aunque reconoce la incertidumbre sobre los protocolos y desafíos futuros, Wegener comenta: “Esperamos ver un cambio gradual hacia la autenticación automática y una mayor seguridad en los pagos a mediano plazo”.
Del mismo modo, los tres ponentes coinciden en que las principales preocupaciones actualmente giran en torno a las estafas y, por tanto, la desconfianza en la implementación de códigos QR para el pago, debido a una percepción de vulnerabilidad.