Algunos de los inconvenientes a la hora de desplegar infraestructura de recarga son las trabas burocráticas o las incompatibilidades entre Comunidades Autónomas sobre normativas.
Esto no solo repercute en el operador sino que también en el usuario, que termina siendo el perjudicado a la hora de trasladarse y encontrar un cargador.
“La normativa va hacia ese camino, donde el objetivo recae en que cuando salgas en un vehículo eléctrico no tengas ninguna duda de cuándo vas a poder recargar”, comenta Javier Olmo.
El Socio responsable del Área de Energía de DWF-RCD, que fue parte de la cumbre de movilidad eléctrica de España organizada por Grupo Portal Movilidad, comenta sobre las ligerezas que dan las nuevas regulaciones.
Comenta que esa sensación que se tenía a la hora recargar, ahora se encamina a no tenerla “porque en cualquier momento habrá un punto de recarga”.
“Ese es el objetivo de las nuevas normativas, eliminar psicológicamente la ingravidez que podía haber”, expresa.
Recientemente en el país se ha aprobado el Real Decreto que establece los roles de cada actor a la hora de operar un punto de recarga, por un lado el CPO y el suministrador de la energía.
Además, las nuevas normas que partieron del Gobierno central han declarado de utilidad pública a cada cargador de más de 250 kW que sea instalado en territorio español.
“Los puntos de 250 kW necesitaban de una aprobación administrativa previa, una admisión de explotación y demás; con lo cual todo lo que sea agilizar y simplificar los procesos o bien eliminando o unificando trámites ayuda a que cuando un inversor venga no tenga incertidumbre jurídica”, comenta Olmos.
Según el Socio de DWF-RCD el despliegue de estas infraestructuras dejará de “ser farragoso o complicado”.
Un punto importante que destaca Olmos es la homogeneización de normativas entre Comunidades Autónomas.
“Ya existe una normativa que lo busca, lo cual facilita para que un inversor, sea extranjero o local, tenga una visión única de cómo va a funcionar vaya a donde vaya”, sostiene.
Pero, comenta que “se deben respetar las peculiaridades de cada Comunidad”.
Aún así, “debe haber una homogeneización para que de alguna forma en determinadas zonas o áreas exista un proceso igual”, agrega el Socio de DWF-RCD.
También Olmos aclara que “la idea es que la normativa avance, aunque siempre va detrás de las necesidades».
«Sin embargo, hay camino hecho dentro de España”, concluye.