Actualmente, el anteproyecto de la ley de movilidad sostenible se encuentra en un periodo de recepción de aportaciones que se extenderá hasta el próximo miércoles 13 de abril.
Frente al pronto cierre de este plazo, la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) ha terminado de definir las propuestas individuales que se presentarán sobre el texto presentado el pasado primero de marzo en el Consejo de Ministros por la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Es así que Cristian Quílez, responsable de proyectos de ECODES, explica en diálogo con Portal Movilidad España que el planteamiento respecto al transporte por carretera se centrará principalmente en dos puntos.
“Tanto individualmente como de forma conjunta, tenemos muy claro que primero la ley tiene que establecer objetivos claros y cuantificables respecto a la descarbonización de la movilidad y del sector transporte», apunta en este sentido.
Por ello, en un primer punto, desde la fundación piden que se abandone el uso de combustibles fósiles de un texto que debe de servir de guía normativa para avanzar en los objetivos y compromisos adoptados por el país.
Más aún reforzado, por el contexto que acontece a Europa hoy tras la invasión rusa a Ucrania, debe garantizarse una seguridad energética y la descarbonización del sector transporte.
Asimismo, se buscan incrementar el foco de la ley hacia un punto que permita retirar del centro de la estrategia al vehículo privado a través del reforzamiento del transporte público, la movilidad activa y el ferrocarril.
A lo que agrega: “Dentro de lo que es la jerarquía de movilidad, creemos que se les había olvidado la movilidad compartida”.
Entonces, van a proponer su incorporación dentro del listado jerárquico, ya que este sistema puede ser una solución para los problemas en las zonas más despobladas a las que llegar, dónde determinados modos de transporte no suelen llegar, ya sea porque no es económica, política o ambientalmente rentable.
Junto a 12 entidades, ECODES trabajo en un documento con todos los ejes a tener en cuenta para seguir trabajando la nueva normativa.
Quílez Salete da los detalles específicos, pero invita a revisar la reciente publicación de las más de 70 aportaciones que se presentarán a nivel organización y en conjunto con las organizaciones.
Terminología clave
A lo largo de los puntos de desarrollo se ha puesto foco en definir cierta terminología clave para un mayor entendimiento e inclusión.
Por ello, incorporan el término vulnerabilidad en relación con la prevención de situaciones de pobreza en movilidad, y de criterios clave como de cohesión social, de género y territorial.
El concepto de cohesión social y cohesión territorial toma vital relevancia, ya que no solo se pueden dejar espacios para representantes de grandes ciudades, sino también para un amplio marco de actores que
representan a municipios pequeños y medianos.
“Una realidad es que muchas de las medidas que se incluye hacen referencia hacia al tamaño, el cual es muy variado, pero hay que recordar que España es un país en su gran mayoría de municipios de menor tamaño”, aclara en este sentido el representante de ECODES.
Movilidad laboral
Finalmente, en lo que respecta a los planes de movilidad laboral, desde ECODES organizaciones esperan que se bajen los criterios del número de trabajadores necesarios para implementar estos proyectos.
“El texto original detalla grandes centros de trabajo de actividad, pero queremos poner en claro que España es un país de pymes a las que obviamente habrá que financiar y ayudar para elaborarlos si es necesario. Pero, en cualquier caso, hay que tenerlos en cuenta”, explica Cristian Quílez.
Por lo tanto, han reducido la base de trabajadores a 100, para que más compañías deban aplicar sistemas más sostenibles.
Riesgos a los que se enfrenta la normativa
Tras la presentación de la ley, advirtió cuál era una de los principales riesgos a los que se enfrentaba la regulación.
“Según se prevé, la ley podría aprobarse a finales de 2023, pero en este momento también estarán en ciernes las elecciones, sin olvidar las que habrá habido previamente en el mes de mayo”, comenta.
Por lo cual, “mientras más cortos y más rápidos sean las tramitaciones, más posibilidades hay para que la puesta en marcha sea efectiva según los términos que se recogen”.
Es claro que España, tras el paso por las urnas, se enfrenta a un cambio de administración, los planes planteados por MITMA se verán considerablemente afectados y por consiguiente retrasados una vez más en función de dicho
resultado..