Al hablar de los planes de ayuda enfocados a la compra de coches eléctricos y puntos de recarga suele salir a flote la problemática en torno a las demoras en los pagos.
Usuarios se han enfrentado a esperas que van desde los tres, seis y hasta 12 meses para recibir el dinero prometido por medio de iniciativas como el Plan Moves III.
El instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) no es ajeno a este tipo de situaciones y por medio de Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Movilidad Sostenible, pone en evidencia lo que está ocurriendo.
“Somos conscientes de la situación y compartimos que la ayuda debe recibirse lo más cercana posible al momento de la compra, pero nos encontramos con una gestión territorializada de las ayudas”, reconoce en este sentido la funcionaria.
Las comunidades autónomas muchas veces se encuentran con un elevado volumen de expedientes a gestionar, ocasionado por el alto presupuesto que se dispone gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
“Hay que mejorar los programas de ayudas, hay que acortar los plazos para monetizarse y estamos tratando de buscar fórmulas para agilizarlas”, adelanta Del Olmo.
Tan solo el Plan MOVES inició con un presupuesto aproximado de 45 millones de euros, para luego pasar a 100 millones en la segunda edición y ahora la tercera parte a 400.
Y la buena noticia de todo esto, según la funcionaria del IDAE es que, por medio de las ampliaciones ya se han llegado a los 700 millones.
Hay también una realidad que, frente a la estructura general del programa, no podrán realizarse modificaciones hasta diciembre de 2023, pero sí se podrán agilizar gestiones en torno al mismo.
¿Nuevas reformas fiscales?
Durante su paso en la Mesa de Debate sobre Movilidad Eléctrica e Infraestructura de Recarga, organizada por Instaladores 2.0, la funcionaria ha respondido a las consultas sobre las medidas en materia de fiscalidad del coche eléctrico.
A lo que expresa: “Reconocemos que sería muy eficaz aplicar incentivos de este tipo, pero la realidad es que el pedido se ha elevado al Ministerio de Hacienda, ya que no es una competencia nuestra”.
Recientemente el informe ‘The good tax guide’, elaborado por la organización Transport & Environment, ha definido que la fiscalidad de los coches eléctricos en España debe revisarse para apoyar la implantación de este tipo de vehículos.
Según el ranking de 31 países que se ha elaborado, este país ocupa el puesto 23 en cuanto al apoyo fiscal a la compra de este tipo de segmentos.
No solo los informes lo afirman, sino que también los actores del sector, como lo es el caso de José López-Tafall, director general de la Asociación de Fabricantes de Vehículos (Anfac).
“Todo lo relativo a la fiscalidad es una de las carencias graves que tenemos. Un modelo que ayude al consumidor a comprar un vehículo electrificado es importantísimo”, sostiene en una de las últimas entrevistas que brindó a medios locales.
Ya no solo se pide una reducción del IVA, reclamo que ya cuenta con larga data en el sector de la electromovilidad y que hasta el momento no ha llegado a buen puerto.
Recientemente se ha presentado la posibilidad de que se brinden las mismas ventajas fiscales que la eficiencia energética en la edificación a través del RDL 19/2021.
Asimismo, se ha planteado la idea de que las ayudas emitidas a la compra de coches eléctricos dejen de computar como rendimientos de trabajo.
Pero hasta el momento ninguna ha llegado a avanzar, por lo que los actores continúan a la espera de novedades en este plano.