No necesita muchos datos José Alberto Herrero Bono (Calanda, 1978) para justificar su crítica al proyecto de ley de movilidad sostenible.
El portavoz del PP en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso recuerda que la pasada legislatura ese mismo proyecto recibió casi mil enmiendas (974, para ser exactos) por parte de los grupos para modificarla.
“Quiere decir que no afronta para nada los problemas reales que tiene la movilidad”, comenta en una entrevista concedida a Demócrata para analizar esta iniciativa herencia de la pasada legislatura.
El diputado ‘popular’ cree que la propuesta del Gobierno “no profundiza, no resuelve los problemas y necesita de muchas modificaciones y mejoras para que ataje y resuelva la multitud de problemas que tiene la movilidad en España”.
«La ley tiene que cubrir las necesidades no sólo de las zonas urbanas, sino también de las rurales»
La propuesta ha llegado al Congreso en los mismos términos, para evitar la solicitud de nuevos informes y acelerar su tramitación. El compromiso con la Comisión Europea es que la norma, incluida dentro de las reformas del Plan de Recuperación, esté aprobada antes de final de año, ya que no pudo aprobarse en 2023 por el adelanto electoral.
¿Cuáles son los problemas de la ley para el PP?
El portavoz ‘popular’ ante la Comisión de Transportes cree que el proyecto tiene un enfoque centrado en las necesidades de las ciudades: «La ley tiene que cubrir las necesidades no sólo de las zonas urbanas, sino también de las rurales», sostiene.
También echa en falta más detalle en materia de transporte a demanda, VTC o el taxi, y asegura también que «demoniza el vehículo privado«. «Todas las formas de movilidad son necesarias, en función de dónde se vive, si es una zona urbana o rural. Una ley estatal lo lógico es que afronte todas las situaciones en las que se puede encontrar cualquier ciudadano», considera el diputado del PP.
«La predisposición del PP no es otra que tender la mano al Gobierno para sacar una ley que resulta fundamental. Quizás es uno de los mayores desafíos que tiene el Gobierno»
Herrero cree que debe primar un principio de «neutralidad tecnológica» y, además de cumplir los criterios de seguridad y medio ambiente, asegurar que la movilidad sea accesible desde el punto de vista económico: «Si no tenemos en cuenta esa parte, difícilmente va a ser una ley real y efectiva», asevera.
“El PP debe ser socio preferente”
Pese a las reservas con el contenido de la propuesta, Herrero reivindica la disposición de su grupo para llegar a acuerdos con el Ministerio de Transportes: “La predisposición del PP no es otra que tender la mano al Gobierno para sacar una ley que resulta fundamental. Quizás es uno de los mayores desafíos que tiene hoy el Gobierno”, incide el diputado turolense.
En el Grupo Parlamentario Popular entienden que, como partido que ha tenido y aspira a tener responsabilidad de Gobierno, debe jugar un papel determinante en una norma que llega para reformar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y a trascender más de una legislatura.
“El PP tiene que ser socio preferente, y así se lo hemos transmitido al secretario de Estado (de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano)”, reivindica Herrero.
Más financiación
Otra crítica, compartida esta a lo largo y ancho de la Cámara, es la falta de un compromiso para la financiación mínima del transporte para las administraciones territoriales. El PP cree que la tramitación del proyecto es una oportunidad para asegurar esta financiación de la que dependen muchas administraciones cada año en los Presupuestos: “Tiene que ser en la ley, somos conscientes de la falta de financiación que tiene”.
«No puede ser que una ciudad establezca una serie de condicionantes medioambientales y otra ciudad otra»
Los ‘populares’ estiman en 7.000 millones de euros el coste de todo el sistema de movilidad de transporte y aseguran que el Gobierno únicamente compromete apenas un 5%, por lo que exigen mejorar los recursos previstos.
Coche eléctrico y red de recarga
En movilidad eléctrica, Herrero Bono lamenta tanto el diseño del Plan Moves para la renovación de la flota de vehículos privados –”La persona que quiere cambiarse de vehículo no sabe si va a recibir la ayuda, ni cuándo ni dónde ni cómo”– y la falta de desarrollo de una red de puntos de recarga.
“Estamos tardando unos 34-35 meses desde que una empresa o un particular decide instalar un punto de recarga”, lamenta. Apunta a mejorar el desarrollo de las redes de distribución, la transparencia para saber en qué nudos puede haber instalación y la mejora de los procesos de tramitación. También un mayor desarrollo de las infraestructuras en las zonas rurales.
Revisión del etiquetado medioambiental y ZBE “homogéneas”
Otras propuestas trasladadas son la revisión del etiquetado medioambiental y de los criterios de los planes de lucha contra la contaminación, para que no dependan del número de habitantes sino de la calidad del aire que registren, pero también una armonización de los criterios a aplicar en las zonas de bajas emisiones (ZBE).
«Muchas líneas de autobús no cubren o no tienen garantía de cubrir su viabilidad. Ahí es donde tienen que intervenir las administraciones para ayudar a esos adjudicatarios»
“No puede ser que una ciudad establezca una serie de condicionantes, otra ciudad otra. Sobre todo para que la gente que llega a las ciudades no se vea con esa disparidad de criterios”, esgrime.
Liberalización pero intervención pública con concesiones
El PP no pone ‘peros’ a la liberalización planteada en el proyecto de ley para las líneas de autobús que así se determinan pero también defiende el mantenimiento del modelo concesional, pensando en trayectos con menor rentabilidad.
“Además de la liberalización, hay muchas líneas que no cubren o no tienen garantía de cubrir la viabilidad de las mismas. Ahí es donde tienen que intervenir las administraciones para ayudar a esos adjudicatarios”, defiende.
También incide en la renovación del mapa de concesiones estatales, tarea pendiente del Gobierno con las comunidades autónomas y cuya propuesta desechó el PP por plantear la eliminación de paradas para que las administraciones territoriales asumieran rutas
El portavoz de Movilidad Sostenible del Grupo Popular plantea, además, la posibilidad de rebajar las restricciones al cabotaje, que facilitaría a empresas extranjeras operar en España.
«Ya tenemos una sobrecarga de impuestos. La ley tiene que ser sostenible, segura pero también económica»
¿Impuestos ‘verdes’? «La ley tiene que ser económica»
Respecto a la posibilidad de que la norma contenga impuestos medioambientales, tal como planteó en la pasada legislatura muchos de los socios del Gobierno e incluso dentro de la propia coalición, el PP es tajante: «Ya tenemos una sobrecarga de impuestos«, zanja el portavoz de Movilidad Sostenible.
Aun reconociendo la necesidad de cumplir los objetivos medioambientales de rebaja de emisiones y también cuadrar las cuentas públicas, Herrero cree que el Gobierno debe alcanzar estas metas con alternativas: «La ley tiene que ser sostenible, segura, pero también tiene que ser económica«.
Rebajar la Ley de Protección de Datos
Otra de las propuestas que el PP impulsará vía enmienda es la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, con el fin de facilitar el acceso a la información en plataformas digitales de transporte. «La transmisión de datos tiene que ser un poquito más abierta», comenta Herrero.
El proyecto ya contempla un apartado específico para canalizar los datos de movilidad desde las empresas que prestan servicios de transporte y su puesta a disposición, con el fin de favorecer aplicaciones que ayuden a planificar desplazamientos o mejorar las condiciones del servicio.
«En otros países esa apertura de datos y de acceso a los ciudadanos hace mucho más factible que esa aplicación pueda albergar más usuarios», señala el diputado turolense, que cree que suavizar esta legislación ley podría maximizar las posibilidades en una aplicación de movilidad compartida.
Según informa Demócrata.es
