Con la llegada del nuevo Gobierno, se han implementado cambios en diversos sectores, incluyendo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
Una de las principales modificaciones se puede observar en la denominación del departamento, que ahora se llama Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
La segunda transformación se evidencia en el cambio de titular. El exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, asumirá el cargo de ministro, que hasta ahora pertenecía a Raquel Sánchez.
En tanto, las competencias de Agenda Urbana serán de la hasta ahora portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien también supervisará los proyectos de Vivienda.
Tras dialogar con diversos actores del sector, Mobility Portal España ha constatado en sus primeras interacciones que estos cambios son percibidos de manera positiva.
Carlos Bravo, Experto en Políticas de Transport & Environment (T&E), sostiene:
“El nombramiento nos da ciertas esperanzas de que pueda haber una mayor receptividad hacia las temáticas vinculadas con la movilidad sostenible y la descarbonización del transporte”.
Esta percepción se fundamenta en las acciones emprendidas por Puente durante su mandato como alcalde de Valladolid, posición que ocupó desde junio de 2015 hasta junio de 2023.
Entre sus iniciativas se destacan la promoción de la electrificación de los autobuses urbanos y la implementación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Durante su gestión, llevó a cabo una de las inversiones más significativas en la flota de Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa) de los últimos años.
En detalle, se adquirieron 11 eBuses destinados a cubrir la línea 1.
Estos le han costado al Consistorio 10.847.650 euros, además de 400.000 euros para las estaciones de carga y 591.750 euros para la adecuación de las cocheras.
La inversión total del Ayuntamiento a través de Auvasa alcanza aproximadamente los 12 millones de euros.
La incorporación de estos nuevos autobuses ha reducido la edad media de la flota a 9,2 años.
De acuerdo a Bravo, la implementación de esta estrategia no se terminó de concretar puesto que hubo elecciones y el actual Gobierno municipal “se opone completamente a la movilidad sostenible”.
“Está dando marcha atrás a los avances alcanzados por la anterior legislatura”, destaca.
Por consiguiente, la expectativa de T&E es que el nuevo ministro oriente su política principalmente hacia la movilidad verde.
Esto cobra especial relevancia considerando las posibilidades a nivel estatal, como la promoción de un nuevo proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
Nueva Ley de Movilidad Sostenible
El anterior proyecto, además de sufrir retrasos en su tramitación, ha sido objeto de críticas severas por parte del sector de la electromovilidad.
La principal radica en la falta de referencia a una meta específica para descarbonizar el transporte.
Así como la ausencia de disposiciones para el año 2050 en alineación con el acuerdo de París y los compromisos internacionales de España y la Unión Europea.
No obstante, la razón principal por la que no llegó a buen término fue la convocatoria de elecciones anticipadas en mayo del presente año.
“Este es el momento en el que consideramos que el ministro debería plantearse un nuevo proyecto de Ley muy distinto del anterior”, sostiene Bravo.
Uno que permita avanzar en las condiciones del transporte con objetivos claros para los próximos años.
Y que facilite el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley de Cambio Climático y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Con ello concuerda Jaime Rodríguez, Director de CONFEBUS, quien considera fundamental desarrollar una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público.
Esta legislación debería proporcionar un marco de financiamiento “estable y regulado, evitando variaciones drásticas”.
El propósito de esta medida es permitir a las administraciones locales y autonómicas planificar de manera segura el futuro de la red de transporte.
Por su parte, Cristian Quílez, Responsable de Proyectos, Políticas Públicas y Gobernanza Climática en ECODES, insta a retomar de manera inmediata el proceso de tramitación y aprobación de la Ley.
Sugiere que este proyecto sea ambicioso y receptivo a enmiendas, como aquellas que la asociación presentó anteriormente al texto legislativo.
No solo ello, también esperan que se garantice la ambición en la tramitación de las directivas europeas pendientes.
Entre ellas, el reglamento de emisiones para vehículos pesados.
Otra de las directivas relevantes es la revisión programada para 2026 de las normativas sobre emisiones de coches y furgonetas.
En este contexto, es crucial que esta excluya de manera categórica los biocombustibles, combustibles sintéticos y “cualquier otra supuesta alternativa”.
Por el contrario, se considera esencial la “producción y distribución de estos elementos para sectores de difícil descarbonización, como el transporte aéreo o marítimo”, insiste.
Trabajo en conjunto con MITECO
En esta línea, desde ECODES confían en que Puente colabore estrechamente con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
En parte, en el despliegue de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos conforme al Reglamento de Infraestructura de Combustibles Alternativos (AFIR).
Como también, esperan que se involucre en la reforma y actualización del sistema de etiquetado ambiental de vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
El propósito es que estas acciones se conviertan en herramientas efectivas para la reducción de las emisiones provenientes de los vehículos.
“A diferencia del proceso anterior, el nuevo debería contar con una participación pública más amplia, que incluya a organizaciones ambientales, como ECODES”, según remarca Quílez.
En resumen, confían en que el nuevo Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible garantice la capacidad técnica y financiera necesaria, respaldada por compromisos sólidos.
Esto con el propósito de implementar medidas que impulsen la transformación de la movilidad y la recuperación del espacio público en favor de las personas.
Este enfoque tiene como meta avanzar hacia municipios habitables y saludables para el año 2030.
“De modo que se demuestre el potencial de España para cumplir con los objetivos y compromisos climáticos tanto nacionales como internacionales”, concluye.
