Las Comunidades Autónomas han resuelto apenas un 54% del presupuesto total asignado en el Plan Moves III, según datos proporcionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y recogidos por Europa Press.
El Moves III, diseñado para fomentar la movilidad eléctrica y sostenible en el país, cuenta con un presupuesto total de 952,9 millones de euros.
Sin embargo, hasta la fecha, solo se han resuelto 512,7 millones de euros, a pesar de las ampliaciones anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que llevaron el presupuesto total a 1.200 millones de euros.
La ampliación de 400 millones de euros, anunciada en noviembre de 2022, aún no se ha asignado en su totalidad, dejando pendientes 247,1 millones de euros por distribuir entre las CC. AA.
Estos fondos adicionales fueron destinados para satisfacer la alta demanda generada por las solicitudes recibidas, que ya superan en un 109% el presupuesto inicial asignado, totalizando 1.034 millones de euros.
La prórroga del programa Moves III hasta el 31 de julio, solicitada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ofrece una ventana adicional para la asignación de los fondos restantes y la satisfacción de la creciente demanda.
Desigualdades en la asignación de recursos
Un análisis detallado revela que, a excepción de Aragón, Cataluña, la Comunidad Foral de Navarra, Ceuta y Melilla, todas las Comunidades Autónomas han recibido solicitudes que superan su presupuesto asignado.
Las Islas Baleares encabezan la lista, con una demanda que supera el presupuesto en un 142%, seguidas por La Rioja y Castilla-La Mancha, ambas con un 134%.
La región de Murcia (132%) y el País Vasco (130%) completan el top 5 de las regiones con mayor demanda respecto al presupuesto disponible.
En términos de eficiencia en la resolución de expedientes, el País Vasco lidera con un 73%, seguido por la Comunidad de Madrid con un 67% y Cataluña con un 66%.
Estas cifras representan el porcentaje de resolución en relación con los fondos presupuestados.
A medida que se acerca la fecha límite para la prórroga, las CC. AA. enfrentan el desafío de acelerar la asignación de recursos y la resolución de expedientes para cumplir con los objetivos del Plan Moves III.
El clúster de Castilla y León reclama una mejora del MOVES
En una reciente sesión del «Think Tank» titulado «Retos de futuro de la automoción de Castilla y León», Félix Cano, presidente del clúster de la Automoción y Movilidad de Castilla y León (FaCyL), expresó su descontento con el actual Plan Moves, al que considera un «fracaso».
Cano insta a una revisión del mismo, proponiendo una mayor dotación financiera y una simplificación de los trámites para incentivar la compra de vehículos nuevos.
A pesar de que el sector de la automoción en España y Castilla y León ha logrado recuperar cifras de producción previas a la pandemia, con una fabricación que ha vuelto a niveles prepandémicos, las ventas de vehículos nuevos se han estancado en 950.000 unidades.
Cano atribuye esta situación a la inestabilidad socio-política en Europa, las guerras en Ucrania y Oriente Próximo, la inflación y la incertidumbre relacionada con las nuevas tecnologías de motorización.
El presidente de FaCyL aboga por una política de «restitución» de vehículos, argumentando que es necesario sanear el parque automovilístico mediante incentivos a la compra de coches nuevos.
Además, critica el Plan Moves actual, indicando que su complejidad y la demora en su gestión ahuyentan a los posibles beneficiarios.
Sugiere una revisión que incluya un aumento en el presupuesto y una simplificación de los procedimientos.
Félix Cano también resalta la importancia de potenciar la presencia de puntos de recarga para vehículos eléctricos e híbridos.
Advierte que España está rezagada en comparación con otros países europeos en cuanto a la cantidad de estos puntos, subrayando la necesidad de mejorar la infraestructura para impulsar las ventas de vehículos sostenibles.
En un tono más optimista, Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, destaca la «buena salud» de las plantas de fabricación del sector en la región.
Sin embargo, coincide con Cano en la existencia de una «gran incertidumbre» en el sector y aboga por medidas que impulsen la competitividad, señalando la importancia de subvencionar las capacidades industriales para mantener la fortaleza del sector en Europa.
En relación con las normativas de emisiones, Tobalina elogia la «dulcificación» de la normativa Euro 7, liderada por España, que evita imposiciones normativas y obligaciones de inversión a corto plazo que podrían amenazar las capacidades del sector.
Además, destaca la importancia de reconsiderar el proceso de adaptación a nuevas tecnologías en 2026.
En referencia al plan gubernamental de reducción de la jornada laboral, Cano sugiere que, inicialmente, la industria automotriz en Castilla y León no se verá afectada, pero destaca la necesidad de observar cómo se establecerán las nuevas condiciones a medida que evolucione la situación.