El Ministerio de Industria y Turismo está a punto de presentar una nueva legislación que busca elevar los estándares de fiabilidad y seguridad en los puntos de recarga destinados al uso comercial de vehículos eléctricos.
Tras tres años de deliberaciones con fabricantes, servicios posventa y usuarios, el objetivo principal es garantizar una medición precisa de los consumos de energía durante el proceso de recarga.
En las próximas semanas, el Ministerio iniciará la tramitación de un borrador legislativo que impondrá nuevos requisitos a los puntos de recarga existentes, pudiendo incluso contemplar la sustitución directa por equipos más modernos, para asegurar una medición exacta de la energía suministrada.
Sin embargo, la pronta presentación de este borrador plantea cuestionamientos sobre si se trata de una respuesta apresurada para anticiparse a la propuesta de la Comisión Europea, esperada entre marzo y abril de este año.
Actualmente, solo Alemania cuenta con legislación similar en vigor.
A pesar de que la mayoría de los puntos de recarga ya están equipados con contadores internos, la nueva normativa tiene como objetivo asegurar una armonización completa, teniendo en cuenta las diversas tecnologías en corriente continua y alterna.
La propuesta española, al igual que la europea, no se limitará únicamente a contadores internos, sino que también requerirá controles metrológicos en las instalaciones comerciales de recarga, similar a las verificaciones periódicas realizadas en surtidores de carburantes en estaciones de servicio.
La nueva legislación establecerá una nueva categoría de instrumento de medida (MID) sujeta a control metrológico del Estado, lo que implica que los puntos para uso comercial deberán disponer del marcado CE emitido por sus fabricantes.
Se espera que la implementación de esta normativa sea escalonada, afectando especialmente a los equipos de recarga de primera generación que cuentan con contadores eléctricos homologados para uso industrial, según adelantó Aseproda.
Sin embargo, muchos de estos equipos ya están obsoletos y podrían quedar eventualmente desautorizados para realizar transacciones comerciales, siendo reemplazados por sistemas modernos y más potentes capaces de ofrecer recargas rápidas y fiables.
A pesar de estas mejoras, la realidad diaria del vehículo eléctrico también debe ser considerada.
Con un 26 por ciento de los puntos de recarga en España fuera de servicio en septiembre de 2023 y el incumplimiento de los objetivos para nuevos puntos de recarga públicos, la futura reglamentación deberá abordar estos desafíos operativos.
En la búsqueda del equilibrio entre la certificación de origen de la energía, la armonización de tecnologías y la mejora operativa, el país tiene la oportunidad de establecer un marco sólido que beneficie a todos los actores en el ecosistema de vehículos eléctricos.
De acuerdo con la información proporcionada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), la adaptación metrológica de un punto de recarga de corriente continua tiene un coste medio que varía entre los 4.000 y 10.000 euros.
La mayoría de los puntos públicos en España son de corriente alterna.
En relación con la normativa en proceso, se contemplará no solo la implementación de un contador interno, sino también uno que abarque las medidas en su totalidad, similar a un surtidor de gasolina.
Además, esta normativa se ajustará a los requisitos de la transformación digital y sostenible.
Según los datos más recientes disponibles, el porcentaje de puntos de recarga en España que no estaban operativos ascendía al 26 por ciento.
En ese periodo, se registraron 25.180 puntos de acceso público instalados en el país, mientras que otros 8.869 no prestaban servicio.
A pesar de las expectativas, el objetivo establecido para el cierre de 2023 era alcanzar 45.000 puntos de recarga públicos para cumplir con el plan Fit for 55, una meta que se estima que no se ha logrado.
