La Comisión Europea ha propuesto hoy nuevos y ambiciosos objetivos en materia de emisiones de CO2 para los vehículos pesados nuevos a partir de 2030.
Estos objetivos contribuirán a reducir las emisiones en el sector del transporte, ya que los camiones, los autobuses urbanos y los autobuses de larga distancia son responsables de más del 6 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) de la UE y de más del 25 % de las emisiones de GEI del transporte por carretera.
Estas nuevas medidas en materia de emisiones harán que este segmento del sector del transporte por carretera contribuya a la movilidad sin emisiones y a los objetivos climáticos y de contaminación cero de la UE.
La Comisión propone introducir progresivamente normas más estrictas en materia de emisiones de CO2 para casi todos los vehículos pesados nuevos con emisiones certificadas de CO2, en comparación con los niveles de 2019, y concretamente:
- reducción del 45 % de las emisiones a partir de 2030;
- reducción del 65 % de las emisiones a partir de 2035;
- reducción del 90 % de las emisiones a partir de 2040.
Para estimular una implantación más rápida de los autobuses sin emisiones en las ciudades, la Comisión también propone que todos los autobuses urbanos nuevos sean sin emisiones a partir de 2030.
En consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo y REPowerEU, esta propuesta también tendrá un efecto positivo en la transición energética, al reducir la demanda de combustibles fósiles importados y mejorar el ahorro y la eficiencia energéticos en el sector del transporte de la UE.
Redundará en beneficio de las compañías de transporte y los usuarios europeos al reducir los costes del combustible y el coste total de la propiedad, y garantizará un mayor uso de vehículos más eficientes desde el punto de vista energético.
También mejorará la calidad del aire, sobre todo en las ciudades, y la salud de los europeos.
Además, se trata de un sector clave para apoyar a la industria europea de tecnologías limpias e impulsar la competitividad internacional.
La UE es líder del mercado en la producción de camiones y autobuses y un marco jurídico común contribuye a asegurar esa posición de cara al futuro.
En particular, las normas revisadas son una señal clara y a largo plazo para orientar las inversiones de la industria de la UE hacia tecnologías innovadoras sin emisiones y estimular la creación de infraestructuras de recarga y repostaje.
Contexto
Las emisiones del sector de los vehículos pesados han aumentado cada año desde 2014, a excepción de 2020 por la pandemia de COVID-19. Especialmente en el sector del transporte de mercancías, las emisiones están aumentando rápidamente.
Esto se debe principalmente a la creciente demanda de transporte por carretera, que se prevé siga aumentando en el futuro. En 2019, las emisiones del transporte de mercancías fueron un 44 % superiores a las del sector de la aviación y un 37 % más altas que las del transporte marítimo.
La inmensa mayoría de los vehículos pesados del parque de la UE (99 %) funcionan actualmente con motores de combustión interna, alimentados en gran medida por combustibles fósiles importados, por ejemplo, gasóleo. Esto contribuye a la dependencia energética de la UE y a la actual volatilidad del mercado de la energía.
Las normas vigentes en materia de emisiones de los vehículos pesados datan de 2019, pero ya no se ajustan a los objetivos climáticos de la UE.
La legislación vigente no aporta una señal suficientemente clara y a largo plazo a los inversores y no refleja la nueva realidad del sector de la energía ni la rápida evolución de la industria de los vehículos pesados a escala mundial. Las nuevas normas propuestas en materia de CO2 se ajustan a los objetivos de la UE en materia de clima, al paquete de medidas «Objetivo 55» y al Acuerdo de París.
Para sostener esta propuesta, las inversiones deben canalizarse hacia los vehículos sin emisiones y la infraestructura de recarga y repostaje, para la que la Comisión ya ha propuesto el Reglamento sobre una infraestructura para los combustibles alternativos a fin de fomentar la infraestructura de recarga necesaria en apoyo de la transición ecológica del sector de los vehículos pesados.
En particular, la Comisión ha propuesto que se instalen puntos de recarga y repostaje a intervalos regulares en las principales carreteras: cada 60 kilómetros para la recarga eléctrica y cada 150 km para el repostaje de hidrógeno. La Comisión está trabajando intensamente con los colegisladores para concluir las negociaciones sobre estas propuestas.