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agosto 1, 2023
Florencia Boeri
By Florencia Boeri

España se pone al día con la infraestructura de recarga pendiente

Según ha informado este martes AEDIVE, los datos recopilados en materia de infraestructura de recarga del primer semestre muestran un descenso del 8% en puntos públicos pendientes de activación ¿A qué se debe?

Si hay un tema que despierta polémicas y acusaciones dentro del segmento de la infraestructura de recarga en España tiene que ver con los puntos instalados no operativos.

El 2022 cerró con 7.400 puntos de recarga pendientes de activación.

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) apuntó contra la Administración y las compañías distribuidoras por falta de aprovechamiento de los recursos.

Pero las buenas noticias llegaron y el número de puntos de recarga públicos pendientes de activación ha descendido un 8% en el primer semestre.

Así lo estipula AEDIVE, quién asegura que de 7.400 puntos de recarga a la espera de estar activos a finales del año pasado hubo un descenso positivo a 6.800.

Sin embargo, remarcan que la agilidad en la tramitación y puesta en servicio se identifica como una de las barreras todavía persistentes en el desarrollo del mercado.

Otra buena noticia que traen desde la Asociación es que la red de carga pública para vehículos eléctricos en España creció en más de un 16% entre enero y junio de 2023.

El año anterior finalizó con 21.573 puntos de recarga operativos, pero las cifras reportadas el último día de junio indica que el número de acumulados es de 25.106.

Comparando los últimos tres trimestres hasta la fecha, los nuevos puntos de recarga se encuentran distribuidos por estos rangos de potencia:

infraestructura de recarga
Fuente: AEDIVE

“Teniendo en cuenta tanto los operativos como los pendientes de puesta en servicio, se ha constatado un crecimiento de un millar de puntos de recarga públicos al mes”, declaran.

Más allá de la buena noticia, remarcan que es necesario que el ritmo se acelere en orden de cumplir los objetivos fijados ante la Comisión Europea.

España necesita contar con 340.000 puntos de recarga para el final de la década.

La infraestructura de recarga mejora

¿A qué se debe esta optimización en el ritmo del despliegue de puntos de recarga?

Un motivo para entender las cifras del último trimestre está vinculado a la implementación de la declaración responsable.

La medida ya existía para puntos de recarga de baja tensión en terrenos particulares, pero desde marzo se incluyeron puntos de alta tensión ubicados sobre la carretera.

El fin de la legislación es agilizar los trámites y consecuentemente, las instalaciones para el fortalecimiento de la infraestructura de recarga española.

La efectivización del proyecto era una demanda del sector hacia la Administración, dado que el tiempo de espera para que esté operativo un cargador oscilaba entre 24 y 36 meses.

Con la declaración responsable se unifican los procedimientos entre Comunidades Autónomas.

¿Cómo se utiliza? El titular de la autorización de la instalación debe manifestar que ostenta dicha titularidad y que se muestra conforme con la actuación solicitada por el interesado.

El contrato celebrado entre ambas partes se adjunta como anexo a la declaración responsable.

Así se exime de la obligación de elevar el contrato a público y la acreditación de la titularidad de la instalación principal, reduciendo las cargas administrativas.

infraestructura de recarga
Grupo de trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico ( GTIRVE).

Otro factor, tiene que ver con la constitución del Grupo de Trabajo para la Infraestructura de Recarga (GTIRVE).

En junio de 2022 casi 40 patronales y más de siete autonomías fueron convocadas por medio del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Desde entonces mediante reuniones esporádicas se lleva a cabo una agenda conjunta con el fin de efectuar un seguimiento del despliegue de recarga pública en España.

Otras de las funciones del Grupo es fomentar el intercambio de información entre la Administración General, administraciones autonómicas y locales y empresas.

También, identificar las barreras al despliegue mediante una revisión periódica y proponer medidas para eliminarlas.

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