La relación entre China y Perú parece ser recíproca: el gigante asiático busca recursos naturales y estratégicos en el país andino, mientras que Perú diseña leyes a medida para propiciar las inversiones chinas en electromovilidad.
Tal como adelantó Mobility Portal Latinoamérica, la presidenta de Perú aprovechó su estadía en China para reunirse con el presidente de BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo.
La propuesta de Boluarte fue contundente: «En vez de traer desde Perú a China el cobre y el litio, vayan a Perú a hacer su industria de ensamblaje».
¿Qué propuso en concreto? La construcción de una planta de ensamblaje de vehículos eléctricos.
Las fichas están puestas en el Puerto de Chancay: el Gobierno peruano parece estar dispuesto a crear el marco regulatorio adecuado, que incluye aranceles cero, para atraer inversiones privadas y posicionarse como un punto neurálgico entre América del Sur, Asia y Oceanía.
Es en ese marco que el ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunció que quieren sustituir las unidades de transporte público por vehículos eléctricos en Perú. Allí entra en juego el financiamiento por parte de China que haría posible la transición.
¿Cómo lo harán? Perez Reyes reflotó un proyecto de ley que elaboraron en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para eliminar el pago de impuestos a la importación de vehículos eléctricos que sean destinados al transporte público.
La novedad es que, actualmente, en el país hay 25 proyectos de ley en materia de electromovilidad que pelean por ganar el podio. Ese es uno de tantos. Fue presentado el año pasado y nunca más se supo del tema.
El silencio legislativo se rompió hace unas semanas cuando la comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen 1054, «Ley de fomento y desarrollo del transporte verde y cero emisiones a nivel nacional», que incluye incentivos tributarios para la importación y venta de vehículos eléctricos.
La diferencia radica en que esa última iniciativa en discusión -impulsada por el sector privado- se centra en la importación y venta de vehículos eléctricos, mientras que el Gobierno ahora impulsaría el segmento del transporte público. Los intereses son distintos y las miradas también.
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Sin lugar a dudas, las autoridades peruanas buscan seducir las inversiones chinas con la regulación propuesta por el MEF.
Según dieron a conocer el año anterior, cuenta con tres ejes fundamentales para lograr la adopción de los vehículos eléctricos, puntualmente en el segmento de camiones y buses.
«La idea sería que, cuando China nos visite por APEC, se pueda firmar este convenio para sustituir, en los próximos tres o cuatro años, a un número importante de taxis que circulan por Lima o los 20,000 vehículos de hasta 25 pasajeros, conocidos como combis», enfatizó el ministro del MTC durante la gira presidencial.
Vale destacar que la jefa de Gobierno de Perú se reunió con el presidente Xi Jinping y lo invitó formalmente a la inauguración de Chancay en noviembre. Además, mantuvo un encuentro con el presidente de Cosco Shipping, operador exclusivo del puerto.
¿Qué dice el proyecto del MEF enfocado en promover el transporte público eléctrico?
Uno de los puntos del documento presentado por el MEF en noviembre pasado habla del financiamiento.
La primera medida sería la creación del Fondo para la Mejora Ambiental en el Transporte (FONAM) por un monto inicial de 500 millones de soles.
El objetivo del FONAM es promover el financiamiento de fondos de garantía o afianzamiento para impulsar la transición a un transporte eficiente y sostenible, lo cual permitirá el acceso a tasas de interés bajas.
También se incluye el régimen especial para reducir obligaciones tributarias.
A saber: Depreciación de hasta 20% anual de la infraestructura de carga, adquiridos entre 2024-2027 y depreciación de hasta 50% anual para buses y camiones eléctricos o a gas natural, adquiridos entre 2024-2027.
Documento presentado por el MEF en 2023.
Otro apartado es el incentivo para el retiro de vehículos antiguos y contaminantes. La idea es que las unidades que no estén en condiciones salgan de circulación mediante el programa de chatarreo.
El último eje de la propuesta del MEF es reducir el costo de adquisición.
Este apartado se caracteriza por la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) para vehículos eléctricos, Gas Natural (GNC y GNL) para transporte de personas, carga y turístico.
Asimismo, se incorpora al plan la inafectación de Impuesto Municipal de Patrimonio Vehicular extendiéndose para camiones y remolcadores con motor eléctrico o a GNV con una antigüedad no mayor a tres años.
Como beneficio no tributario se establece el otorgamiento de un bono adicional, a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), para aquellas empresas que decidan utilizar su bono de chatarreo para adquirir una nueva unidad vehicular sostenible.
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La situación del transporte público eléctrico y otras propuestas inconclusas
Al buscar “Ley de electromovilidad en Perú” en Google, las propuestas son muchas. La mayoría inconclusas, tal como detalla Mobility Portal Latinoamérica en varios artículos.
Relacionadas al transporte público se encuentra la iniciativa de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) que llegó al Congreso de la República en 2022.
“Para nosotros la movilidad sostenible es una prioridad. Pero para que sea una realidad debemos tener un marco regulatorio que lo permita y que acelera el proceso que hoy está un poco lento”, declaró en su momento Claudia Ato Rodríguez, subdirectora de la Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales en la ATU.
La propuesta de la nueva Ley de Electromovilidad pretendía declarar de necesidad pública el sistema integrado de transporte y promover las energías limpias. Además, hace hincapié en el Impuesto General las Ventas, el Impuesto Vehicular y las tasas de interés para que se otorguen facilidades a quienes adquieran vehículos eléctricos.
Asimismo, planteaba crear una comisión multisectorial que analice la electromovilidad en el Poder Ejecutivo y otros aspectos que permitan acelerar el proceso.
También apuntó a crear un nuevo modelo de negocios en el esquema de licitaciones de buses eléctricos, haciendo hincapié en contar con un fondo de garantía.
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A principios de este año, la ATU participó en el lanzamiento del proyecto Emob Perú, una iniciativa conjunta impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio del Ambiente (Minam) para impulsar un transporte público más limpio.
Según destacan, trabajan en conjunto con empresas de energía eléctrica, operadores de transporte, fabricantes de buses y diferentes actores del sector público.
Uno de los objetivos es poner a disposición de las empresas de transporte la posibilidad de ampliar los años de autorización para operar siempre y cuando apuesten por el uso de vehículos con tecnologías limpias o de baja contaminación.
Perú, un tesoro de recursos naturales para vehículos eléctricos
Perú se destaca por su riqueza en recursos minerales, siendo el tercer productor mundial de cobre, solo superado por Chile y el Congo. No es casualidad la mirada de China sobre el país.
Estos recursos son el cimiento sobre el cual Perú planea construir una industria de vehículos eléctricos. A eso parece apuntar Boluarte cuando plantea procesar los recursos localmente en vez de exportarlos.
Vale recordar que entre ambas naciones rige el Tratado de Libre Comercio y, además, firmarán un convenio para evitar la doble tributación.
Las reservas de cobre en el país ascienden a 110 millones de toneladas, con un potencial de crecimiento que podría llevar a superar a Chile como el principal productor mundial de este metal.
Además, posee significativas reservas de litio, con concentraciones de hasta 4000 partes por millón, una cifra notablemente superior a la de sus vecinos Argentina, Bolivia y Chile.
El cobre, esencial para la industria automotriz, puede ser transformado en componentes como alambrado y motores eléctricos, mientras que el litio es fundamental para la producción de baterías.
