Hoy en día, el sector de la movilidad eléctrica en Polonia está en constante crecimiento: cuenta con más de 6.649 puntos de carga.
Además, hasta la fecha, el país cuenta con 51.485 vehículos eléctricos y 42.501 híbridos enchufables en total, lo que representa un aumento del 80,5% con respecto a los reportados en 2022.
No obstante, el sector de la movilidad eléctrica se enfrenta a sus propios desafíos.
En una conversación con Mobility Portal Europe, un actor del sector de la electromovilidad ofrece su perspectiva sobre cuestiones regulatorias.
“Necesitan agilizar el proceso de emisión de certificaciones UDT como requisito imprescindible para la instalación de cargadores públicos”, afirma el portavoz.
“El proceso requiere meses de controles continuos y la comunicación puede considerarse mal realizada”, continúa.
¿Por qué este proceso lleva tanto tiempo?
Para entender la situación que rodea la regulación de los dispositivos de carga públicos, es necesario mencionar que el 24 de diciembre de 2021 entró en vigor una modificación a la “Ley de Electromovilidad y Combustibles Alternativos”.
En esta ley, las estaciones y puntos de carga, considerados elementos de la infraestructura del transporte público vial, están sujetos a pruebas técnicas realizadas por la Oficina de Inspección Técnica (UDT) para garantizar su operación segura, reparación y modernización.
La UDT se presenta como un organismo de inspección en Polonia, responsable de salvaguardar la seguridad de los dispositivos e instalaciones técnicas en el sector de la eMobility.
Entre sus principales responsabilidades se encuentra evaluar el cumplimiento de los dispositivos con las regulaciones y especificaciones relevantes en todas las etapas, desde el diseño hasta el servicio.
Un punto importante es que la organización opera de forma independiente en términos financieros y en sus actividades técnicas.
Por otra parte, según lo establecido en el Artículo 15 de la legislación, la institución es responsable de emitir dictámenes sobre la conformidad de la documentación técnica de las estaciones diseñadas con los requisitos técnicos.
Es decir, debe emitir certificaciones para garantizar la homologación del equipo, teniendo en cuenta ciertos aspectos a cumplir.
En primer lugar, garantizaría que al menos un proveedor de servicios de carga opere en cada estación de carga pública y que cumpla con todos los requisitos técnicos y operativos establecidos por la normativa polaca.
Esto incluye elementos como la prevención de incendios, el buen funcionamiento de las redes eléctricas y la accesibilidad para personas con discapacidad, que son esenciales para el sector eMobility.
Asimismo, facilitaría estaciones de pruebas por parte de la Oficina de Inspección Técnica para garantizar su cumplimiento de las normas.
La entidad también se comprometería a equipar los hubs con un software que permita la conexión de vehículos eléctricos e híbridos, así como la transferencia de datos al Reglamento de Infraestructura de Combustibles Alternativos (AFIR).
Cada dispositivo instalado en estas estaciones debe contar con un sistema de medición que registre el consumo eléctrico y transfiera estos datos casi en tiempo real al correspondiente sistema de gestión.
Además de asegurar el suministro energético necesario para el funcionamiento de los hubs, esta institución se encargaría de coordinar los acuerdos para la prestación de servicios de carga y facturación, así como de compensar las pérdidas eléctricas derivadas de su operación.
Finalmente, proporcionaría información clara sobre las reglas de uso e instrucciones de funcionamiento de las estaciones al público en general y facilitaría el acceso a los proveedores de servicios de carga, mediante acuerdos establecidos en condiciones de mercado.
Cabe destacar que el 13 de abril de 2024 entró en vigor en la Unión Europea el reglamento AFIR, que introduce una serie de cambios significativos para el sector de la electromovilidad, incluidas nuevas disposiciones relacionadas con la infraestructura de carga para coches eléctricos.
Entre las numerosas modificaciones destaca la ampliación de la definición de infraestructura de combustibles alternativos a disposición del público, incluyendo puntos ubicados en instalaciones accesibles ya sea en terrenos públicos o privados.
Esta inclusión se extiende a lugares con restricciones de acceso o condiciones especiales, como aparcamientos públicos, supermercados, hoteles o aparcamientos de pensiones, entre otros ejemplos.
