dimisión del presidente de la patronal de automóviles, Wayne Griffiths, por la «inacción» del Gobierno en favor de la electrificación. ANFAC no es una asociación cualquiera, ya que siempre es la primera visita obligada que hace un ministro de Industria recién elegido por su fuerte influencia en el sector.
Sin embargo, unos días después de este suceso, el PSOE ha votado, junto con Vox, en contra de una proposición no de ley (PNL, por sus siglas) a favor de acelerar los trámites administrativos relativos al despliegue de estaciones de recarga de vehículos eléctricos.
Así, en la votación, que tuvo lugar el pasado martes en el Congreso de los Diputados, los principales socios del PSOE en la Cámara Baja y el principal partido de la oposición, el PP, se unieron para sacar adelante esta iniciativa.
El resultado fue el siguiente: 17 votos a favor (PP, ERC, Junts, Bildu y BNG), 15 votos en contra (PSOE y Vox) y cuatro abstenciones (Sumar y PNV).
Por lo que la PNL (que tiene un efecto limitado, ya que solo insta al Ejecutivo a actuar en un determinado sentido sin obligación jurídica de acatar sus postulados) recibió luz verde.
Un escenario que ha provocado la sorpresa del sector por el «aparente discurso que defienden los socialistas a favor de la descarbonización».
El pasado 6 de mayo, ERC, a través de la diputada Inés Granollers, presentó la proposición no de ley sobre el impulso y aceleración de los trámites administrativos en las autorizaciones para la instalación de estaciones y puntos de recarga de vehículos eléctricos para su debate en instancia en la Comisión de Industria y Turismo.
«Es necesario resaltar que los datos de matriculaciones de vehículos netamente eléctricos en el Estado español, con un 5,7% en el año 2023, contrastan con el promedio del 20 % en la Unión Europea», aseveró Granollers en su momento.
Entre las medidas que se desprendían de la PNL se encontraba la de «diferenciar, en los pliegos administrativos, las licitaciones específicas para electrolineras de aquellas destinadas a instalar estaciones de repostaje de combustibles fósiles, instar a las autoridades competentes a que agilicen el desarrollo de los proyectos tractores asignados para las infraestructuras de transporte y ampliar a un mínimo de 15 años lo plazos en las concesiones de suelo destinadas a albergar estaciones de recarga, entre otros».
Más de un mes después de la presentación de la proposición tuvo lugar dicho debate, con su respectiva votación.
Allí, la propia Granollers comenzó su intervención afirmando que «el crecimiento de la industria automovilística se frena por la baja demanda de vehículos 100% eléctricos, particulares e industriales y que la cuota se ha estancado en un 10% del total de ventas, por lo que los objetivos están muy lejos de cumplirse». También resaltó «la triste la dimisión del presidente de ANFAC».
A la proposición se presentaron tres enmiendas.
En primer lugar, el diputado de Vox, Alberto Rodríguez, habló de «frenar el dogmatismo climático» con China como gran beneficiario.
Después, la diputada socialista, Adriana Maldonado, afirmó que «estaban comprometidos con la electrificación y con el sector del automóvil y defendió que ANFAC tenía buena relación con el Gobierno, defendiendo los 32.000 puntos de recarga que hay en España hoy como una acción del Gobierno de España, aunque sea insuficiente (…) y que el vehículo eléctrico estaba en velocidad de crucero, por lo que era necesario reconocer la labor del Ministerio de Industria y del Gobierno».
Mientras que en las filas del PP, Pedro Navarro, planteó su enmienda con dureza contra el Gobierno, señalando que el sector automovilístico «es crítico y el presidente de ANFAC ha dimitido, literalmente, por la inacción del Gobierno, representando a las 58 marcas que componen ANFAC en el comunicado donde se culpa al Ejecutivo».
También añadió que «ahora tocaba acelerar y no frenar y defendió la reivindicación de los consumidores sobre las ayudas directas a la compra del vehículo eléctrico».
Por último, el partido socio de la coalición de Gobierno, Sumar, recordó a través de su diputado, Manuel Lago, que «ANFAC ya tiene otro presidente que negocia con el Gobierno y que le sorprende que, para partidos neoliberales, solo es responsabilidad del Gobierno y no de las empresas del sector«.
Por último, sentenció:
«Es evidente que existe un retraso en el despliegue de los puntos con efectos negativos, que es insuficiente y está mal distribuida por limitarse casi exclusivamente al ámbito urbano».