Si bien España no cuenta con un objetivo claro de despliegue de puntos de recarga, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) estima que para el año 2025 el país deberá disponer de 91.000 instalaciones.
Este dato se desprende de los principios generales establecidos en el estudio de impacto utilizado por la Comisión Europea como base para el nuevo AFIR, así como de los parámetros defendidos por ACEA.
Como resultado, se proyecta una red mínima de unos 91.000 puntos de recarga de acceso público para el año 2025, 300.000 para 2030 y 610.000 para 2035.
Considerando que ya existen alrededor de 30.000 estaciones distribuidas en el territorio nacional, aún quedan por instalar 60.000 en los próximos 10 meses.
Esto significa que se deben establecer aproximadamente 189 puntos de recarga por día antes de que finalice el 2024.
¿Es esto factible?
Según asegura Ricard Puiggròs, Senior manager de emovili, a Mobility Portal España, «con los actores que hay hoy en día instalando puntos, esta cifra resulta inalcanzable«.
Tan solo durante el 2024, se precisarán un 25% más de instaladores de puntos de recarga, lo que equivale a la creación de 300 nuevos empleos en el sector, de acuerdo con los cálculos realizados por la startup CargaTuCoche.
Sin embargo, surge otro desafío aún más urgente de abordar, el cual ya se ha convertido en un tema recurrente en el sector.
Se trata de las demoras y obstáculos burocráticos que obstaculizan la puesta en marcha de las instalaciones.
Tan solo para obtener la autorización para iniciar el montaje de un punto de recarga, los CPOs deben superar trámites que pueden extenderse hasta un año y medio de espera o más.
Según ANFAC, una cuarta parte de la infraestructura de recarga ya instalada en el país no se encuentra operativa, bien sea porque se halla en mal estado, averiada o porque aún no ha sido conectada a la red eléctrica.
En concreto, más de 8.000 puntos de recarga de los más de 30.000 instalados no están disponibles.
Este problema está relacionado en parte con la compañía distribuidora de electricidad encargada de conectar el punto a la red de distribución.
La empresa responsable de la conexión depende de la ubicación geográfica de la estación.
Además, cada instalación requiere de un proceso con la compañía, que solo puede iniciarse una vez que la instalación esté completa y aprobada por la inspección.
Luego de obtener la carta técnico-económica, se debe esperar nuevamente para conectar la infraestructura a la red eléctrica.
La cantidad de administraciones públicas involucradas dependerá del lugar donde se ubique el punto.
Actualmente, las demoras son más evidentes en las estaciones de carga rápida de corriente continua, las más demandadas por los usuarios que buscan una experiencia equiparable a cargar un vehículo de gasolina.
Pese a ello, el informe de ANFAC indica que estos puntos han mejorado en comparación con los de carga lenta.
Hay más de 600 con una potencia de entre 150 y 250 kW instalados, así como otros 300 de más de 250 kW.
El principal problema con estos puntos son las trabas administrativas para ponerlos en marcha.
Se esperaba que la introducción de la declaración responsable para regular la instalación de estaciones de más de 100 kW agilizara los procesos de autorización, cuyos plazos oscilan entre 24 y 36 meses.
En recientes declaraciones a Mobility Portal España, Joan Groizard, Director General del IDAE, asegura que la misma «ha ayudado a desplegar la instalación».
«Lo que falta, entre otras muchas cuestiones, es que los Ayuntamientos más pequeños cuenten con mayores recursos para aplicar este tipo de herramientas», detalla.
En este punto, Puiggròs suma otro desafío relacionado con la falta de ubicaciones para realizar la inversión.
Por todo esto, el Senior Manager sostiene que instalar la cifra de 189 puntos de recarga por día «es prácticamente imposible, a menos que haya un cambio en la legislación«.
Por ejemplo, cuando se solicita que un parking privado con acceso público tenga un porcentaje de plazas electrificadas, cuente con una sanción si ello no se cumple.
En este sentido, indica que la falta de control lleva a que los propietarios no lo consideren una prioridad.
El Real Decreto 29/2021 establece la obligación de instalar una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento, hasta un límite de 1.000 plazas, y una por cada 100 ubicaciones adicionales.
Los afectados son todos aquellos edificios de uso no residencial privado que dispongan de una zona de parking con más de 20 plazas, ya sea en su interior o en un espacio exterior adscrito.
La normativa también se aplica a los estacionamientos públicos con más de 20 plazas que no estén vinculados a ningún edificio.
En el caso de los edificios de titularidad estatal, se instalará una estación de recarga por cada 20 plazas de aparcamiento, hasta 500, y una por cada 100 adicionales.
Hasta el momento, esta regulación no se está cumpliendo de la manera esperada.
Por lo tanto, el representante de emovili destaca: «Esto debería cambiar de manera urgente«.