“La Administración debería organizar los puntos de recarga, ya que hay sitios con alta densidad de población donde se instalan y otros con poco uso donde no se implanta nada”, indica Juan Manuel Moya García.
En diálogo con Mobility Portal España, el Embajador de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), sostiene que el Reglamento Europeo de Infraestructuras para Combustibles Alternativos (AFIR) es una buena solución para esto.
Sin embargo, “es para vías principales, no es para secundarias”.
¿A qué carreteras se refiere? A la red formada por el conjunto de las rutas de titularidad autonómica, provincial y municipal.
De acuerdo a un reciente estudio realizado por Transport&Environment (T&E), el 10% de la población del país vive en el 70% del territorio, lo que hace indispensable contar con puntos de recarga también en las zonas despobladas.
La mayoría de los cargadores públicos se ubican en las provincias que contienen las ciudades más grandes, como Madrid y Barcelona, las cuales representan solo el 3% del territorio español, pero concentran más del 13,4% y 19,5% de los equipos instalados, respectivamente.
Mientras que en otras localidades, cuya extensión casi duplica la de la Comunidad de Madrid, hay una cantidad significativamente menor de dispositivos.
En este marco, la asociación sostiene que, aunque el despliegue de puntos de recarga es adecuado en las grandes ciudades, los objetivos provinciales no están alineados.
Por lo tanto, señala que, si el AFIR se aplica al conjunto del territorio de un país, como se dispone, es esencial implementarlo de forma descentralizada, dividiendo el objetivo nacional en objetivos provinciales.
¿Qué establece concretamente?
El Reglamento plantea desplegar para 2030 al menos 3.600 kilovatios (kW) de potencia de carga para transporte pesado cada 60 kilómetros (km) en vías principales y 1.500 kW cada 100 km en rutas secundarias.
“La normativa de la Unión Europea contribuirá en parte a solucionar este problema», destaca Moya García en este sentido.
No obstante, agrega: “Las mismas medidas que se han logrado a nivel europeo se podrían implementar a nivel nacional o regional para cubrir las zonas desiertas de carga”.
Esto además contribuirá a eliminar la llamada ansiedad por «repostar».
En la tercera edición del Observatorio de Descarbonización Rural elaborado por CIDE, un 31% de los residentes en ubicaciones rurales afirma tener acceso a una infraestructura de recarga pública en las proximidades de su hogar.
La distancia media a estos puntos es de aproximadamente 3 km, una cifra considerablemente mayor que la distancia media en áreas urbanas, que es inferior a 1 km.
Cabe destacar que en muchas áreas rurales, el despliegue de infraestructura, especialmente de carga rápida, es limitado debido al alto coste de refuerzo de las redes de conexión y a la baja inversión en estas zonas.
Este es un aspecto que también abordará el AFIR, el cual prevé inversiones acumuladas de aproximadamente 1.400 millones de euros, destinando cerca del 50% a reforzar y ampliar la red.
No solo ello, sino que también se espera que sea solucionado con el Plan de Acción de la Unión Europea (UE) para las Redes Eléctricas.
Este tiene como fin abordar los principales desafíos para ampliar, digitalizar y utilizar mejor las redes de transporte y distribución de electricidad de la Unión Europea.
Así como también permitirá actualizar la red, puesto que el 40% de las redes de distribución europeas tienen una antigüedad de más de 40 años.
Para ello, se prevé una inversión de aproximadamente 575.000 millones de euros para el año 2050, siendo España uno de los principales países considerados para recibir subvenciones.
Todo esto será esencial para cubrir las rutas secundarias, especialmente cuando aumente el número de usuarios de vehículos eléctricos.