La interoperabilidad y el acceso simplificado a la carga están empezando a dar forma a las decisiones estratégicas de los operadores de puntos de carga (CPO) en Portugal.
En un país donde las matriculaciones de vehículos eléctricos ya superan las 41.757 unidades y hay más de 5.976 puntos de recarga públicos, el reto no es solo la ampliación de la red sino también su modernización.
“Los CPO más grandes ya están expresando interés en implementar Plug&Charge en las instalaciones existentes”, afirma João Castro Pinheiro , CEO de INOV.EM, en conversación con Mobility Portal Europe.
Y añade: “Incluso están solicitando la modernización de los cargadores ya instalados para garantizar su interoperabilidad”.
Según él, se está llevando a cabo la instalación de todos los terminales punto de venta (TPV) necesarios para lograr este objetivo y permanecer alineados con las directrices europeas.
Con la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo AFIR el 13 de abril de 2024, el marco regulatorio exige que los CPO incorporen mejoras que faciliten su uso y fomenten la transparencia.
Entre ellas destaca la obligación de habilitar pagos ad hoc mediante tarjetas bancarias en puntos de recarga con potencias superiores a 50 kW.
Este requisito ha acelerado los planes de modernización para que los equipos existentes también cumplan con estas normas.
“Estamos bastante alineados con los proyectos europeos”, añade Pinheiro, destacando que las actualizaciones tecnológicas son cruciales no solo para el cumplimiento normativo sino también para garantizar una experiencia de usuario fluida.
La interoperabilidad también está reconocida dentro de la normativa y se convierte en una ventaja competitiva.
En Portugal, toda la infraestructura de carga pública está integrada en MOBI.E, la plataforma de roaming nacional que obliga a los CPO a operar de forma conectada.
Este sistema permite a los usuarios acceder a cualquier cargador público mediante una única tarjeta o aplicación móvil, independientemente del operador.
La dinámica del mercado eléctrico portugués, donde el CPO únicamente proporciona el acceso al cargador mientras que el proveedor de servicios de movilidad (MSP) es responsable del suministro de electricidad y de las relaciones con los usuarios, también permite la participación de empresas extranjeras.
Según Manuel Reis, vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (UVE), MSPs de otros países ya están operando en Portugal, ya sea asociándose con MSPs locales o registrándose directamente.
“Actualmente, no existen problemas de interoperabilidad en el país. Mientras exista un canal de entrada al mercado portugués, se garantizará el acceso a todos los cargadores de la red”, afirma Reis.
Esto se ve facilitado por el hecho de que, bajo la regulación, la interoperabilidad entre MSP es obligatoria, permitiendo a los usuarios acceder a toda la red pública con la tarjeta de cualquier proveedor.
La necesidad de adaptar cargadores más antiguos surge de un mercado en rápida expansión.
Solo en febrero se registraron más de 99.700 usuarios distintos y se consumieron aproximadamente 12,6 millones de kWh, lo que representa un aumento del 59% en comparación con el mismo período de 2024.
El 38% de los puntos de carga disponibles son cargadores rápidos o ultrarrápidos, superando los 2.270.
Sin embargo, respecto a la modernización de los cargadores, Reis aclara que no existe un plan gubernamental específico para tal fin.
Vale la pena señalar que la expansión de los puntos de carga no es uniforme.
Mientras que en zonas urbanas como Lisboa y Oporto, así como en las principales autopistas, la demanda justifica la inversión privada en nuevos cargadores de alta potencia, la situación es diferente en las zonas remotas.
En estas localidades, donde la demanda aún no está consolidada, el Gobierno interviene con licitaciones públicas para incentivar la instalación de cargadores rápidos.
¿Qué ocurre a nivel legislativo en Portugal?
Recientemente, el Gobierno portugués aprobó una serie de medidas para liberalizar y simplificar el mercado de vehículos eléctricos en el país, haciendo que la carga sea más accesible.
Así lo afirmó el portavoz del Gobierno, António Leitão Amaro, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Afirmó que, a partir de ahora, los usuarios podrán acudir a una estación de carga, recargar su vehículo y realizar el pago sin necesidad de un contrato previo con una empresa proveedora de electricidad, como se exigía hasta ahora.
Esta medida permitiría a los conductores de vehículos eléctricos acceder a cualquier punto de carga sin estar restringidos a estaciones vinculadas a un contrato con un proveedor específico.
El Gobierno también busca promover la transparencia y la competencia estandarizando las unidades de cobro para garantizar la comparabilidad de precios.
Además, se pretende eliminar al intermediario conocido como “comerciante de movilidad eléctrica”.
Esta propuesta se encuentra actualmente en consulta pública. Mobility Portal Europe estará atento a las novedades.
