Recientemente, los operadores de puntos de recarga en Cataluña han sido víctimas de una serie de robos de cable de cobre en regiones como Reus, Tarragona, Baix Penedès y Bages.
Esta situación ha resultado en significativos daños económicos y en que muchos equipos permanezcan fuera de servicio por semanas o incluso meses.
Ante esta situación, ¿cuáles son las soluciones que proponen los expertos del sector?
“Una opción sería asignar un DNI o un ADN al cobre, de manera que en cualquier momento se pueda rastrear su procedencia”, sugiere Juan Manuel Moya García, Embajador en la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE).
El también profesor de la Universidad de Extremadura señala a Mobility Portal España que esto debería estar acompañado de inspecciones a quienes comercializan este producto.
Esto permitiría analizar los puntos de venta para determinar el origen del material, identificar a los vendedores y garantizar la trazabilidad de todo el sistema.
¿Quién debería encargarse de esta matriculación?
«Lo ideal sería que el proveedor de cobre asumiera esta responsabilidad, ya que a nivel de puntos de recarga lo considero más complejo», indica.
Es importante señalar que esta problemática se manifiesta principalmente en lugares desatendidos o inhóspitos, donde los equipos quedan sin vigilancia, zonas en las que actualmente los usuarios están reclamando que haya cargadores.
Por tanto, el representante de AUVE plantea otra solución: instalar cámaras de seguridad para identificar a los ladrones.
“De manera que los propios cables de carga estén equipados con un sistema que, en caso de ser cortados por cualquier motivo, notifique inmediatamente al operador”, explica.
Sin embargo, la implementación de estos sistemas implicaría costes adicionales que se reflejarían en el precio final, lo que encarecería el producto.
En este contexto, Ferrán Menescal Miralles, Sales Manager Iberia en Kempower, añade una tercera alternativa: la carga inalámbrica o inductiva, que permite abastecer el vehículo eléctrico sin necesidad de cables.
Un fabricante que está tomando la delantera en está tecnología es Tesla, quien ha adquirido la empresa alemana Wiferion, especializada en este área.
Pese a que posteriormente procedió a venderla, conservó a sus ingenieros y junto a ellos, la compañía de Elon Musk está inmersa en el desarrollo de una plataforma de “repostaje” inductivo.
Esto indica que esta solución aún se encuentra en fase de desarrollo e investigación.
“Aunque el autobús ha avanzado con el uso del pantógrafo, para los coches la carga inalámbrica aún no es la solución”, sostiene.
El problema del robo de cobre no se limita a España, sino que también se observa en otros países europeos.
Esto se debe principalmente a la simplicidad con la que se puede llevar a cabo esta acción.
Debido a que el cable no tiene tensión hasta que el coche se conecta, “resulta muy fácil de cortar y puede ser fraccionado de la manera que se quiera”.
Esta constituye la razón principal, ya que, de acuerdo a Ferrán Menescal Miralles, el precio al que se comercializa el material no es tan elevado.
Según indica, el valor que un ladrón puede adquirir por el cobre extraído de una manguera de cable largo puede rondar los «15 o 20 euros, que es lo que les pagan en el chatarrero».
«Por lo tanto, se trata de cantidades muy reducidas las que estos pueden obtener», enfatiza.
Mientras que la inversión que deben realizar los operadores de puntos de recarga por la reparación del equipo es de “más de 1.000 euros”, llegando en algunos casos a los 8.000 euros.
A estas pérdidas se suman las horas de trabajo necesarias para realizar estos arreglos.
Estos actos de vandalismo no solo generan importantes pérdidas económicas, sino que también dejan numerosos cargadores fuera de servicio durante semanas o incluso meses.
Esto supone un desafío adicional para las estaciones de «repostaje» que aún no están operativas debido a cuestiones burocráticas, a que son objeto de daños o simplemente porque no están en funcionamiento.
Sin embargo, de acuerdo al representante de Kempower, el enfoque debe dirigirse no solo al delincuente, sino también a quienes compran el cobre, “que fácilmente pueden identificar que se trata de cables robados”.
“La solución al problema se alcanza cuando se erradica por completo la compra de este material”, afirma.
