El servicio del bus urbano de Salamanca tendrá importantes cambios cuando se adjudique el nuevo contrato, que acaba de salir a licitación después de años en el aire por la anulación de la última adjudicación.
El proceso vendrá a dar estabilidad a un servicio que ha seguido prestándose y el cambio de contrato se hará conforme a unas nuevas condiciones que incluyen nuevas líneas, más paradas o nuevos métodos de pago, como la posibilidad de hacerlo con el móvil.
Pero si hay algo que puede cambiar, serán los propios vehículos que, por primera vez, podrán ser eléctricos.
El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto un plazo hasta el 15 de febrero para que las empresas interesadas se presenten al concurso para ganar este contrato, uno de los mayores de la ciudad: está valorado en más de 174 millones de euros para los próximos diez años.
Las ofertas se tienen que basar en el pliego de condiciones técnicas que fija todo lo que la empresa tendrá que aportar, desde las líneas y paradas a las marquesinas y los métodos de pago. También las características de los vehículos.
Según el pliego, los buses urbanos no van a cambiar, salvo en un pequeño detalle.
De hecho, las características que se exigen son las mismas que en el concurso abierto en 2014.
Entre ellas, se establece la potencia mínima (170 a 220 KW) y que el tipo de motor que será «Diesel o gas natural comprimido de 4 tiempos, inyección directa con Turbocompresor por gases de escape, con refrigeración del aire de sobrealimentación», reza el pliego de condiciones.
Hasta ahí, idéntico al contrato de hace ocho año. Justo ahí, se incorpora la segunda opción.
En el mismo párrafo del anexo técnico, se abre la puerta a que la flota esté formada por «vehículos eléctricos con similar potencia y una autonomía mínima de 300 kilómetros». Eso supone contemplar por primera vez la opción de que los buses urbanos de Salamanca sean de propulsión eléctrica, algo cada vez más frecuente en las ciudades de España.
El requisito especial de la autonomía se ha incluido para sortear el principal problema detectado en su día, que es la falta de autonomía suficiente de funcionamiento.
Como se pudo comprobar en una prueba en las calles de Salamanca sobre recorridos reales, los vehículos no podían recorrer los kilómetros necesarios sin agotar sus baterías y exigían una recarga. Sin embargo, eso ha cambiado.
En la actualidad, los último modelos ya ofrecen autonomías superiores a los 300 kilómetros que va a exigir Salamanca. Es el caso, por ejemplo, de los que ha incorporado Auvasa en Valladolid, que alcanzan hasta 350 kilómetros.
Para utilizarlos ha habido que incorporar un sistema de carga para recuperar el 100% de la capacidad de las baterías durante la noche.
En 2017 se hizo una prueba de unas semanas con un vehículo y los resultados comunicados en su día no fueron satisfactorios. Al bus eléctrico le costaba remontar las pendientes y tenía poca autonomía, insuficiente para un día completo de servicio.
Además, cada vehículo era sensiblemente más caro de adquirir, hasta el doble de uno equivalente de gas. Y había que dotar a las cocheras del bus urbano de infraestructura de recarga.
Entonces, se aparcó la opción de incorporar este tipo de vehículos y se apostó por los de gas comprimido. Este es el combustible con el que funcionan el 80% de los de la flota y que comparten, por ejemplo, con los vehículos de la recogida de basuras.
Sin embargo, desde entonces las cosas han cambiado incluso en el propio Ayuntamiento, donde se han incorporado numerosos vehículos eléctricos, híbridos o puros, a varios de los servicios municipales.
De hecho, en los últimos contratos municipales de dotación de vehículos no solo se ha incorporado la opción de los eléctricos, sino que se ha exigido incluso un mínimo. Ya hay coches patrulla de la Policía Local y vehículos oficiales de propulsión eléctrica. Eso ha sido una exigencia reiterada de la oposición que también solicitó en su día buses eléctricos que ahora sí se permitirán.