En una reciente reunión de negociación del nuevo convenio colectivo entre la dirección de la fábrica de Stellantis se ha comprometido a adjudicar a la planta la próxima plataforma eléctrica prevista para 2027-2028.
Este anuncio se produce en un contexto de descarbonización y regulación de emisiones de la Unión Europea, donde la transición hacia vehículos eléctricos se presenta como un objetivo crucial para el mantenimiento de la actividad industrial.
La plataforma en cuestión, previsiblemente la STLA Small, representa un paso significativo hacia la producción de vehículos eléctricos en la planta de Vigo.
La empresa ha subrayado la importancia estratégica de esta adjudicación, destacando que el futuro de la fábrica está estrechamente vinculado a la fabricación de vehículos eléctricos en el marco de las directrices europeas.
En caso de que la nueva arquitectura de vehículo no sea asignada a la planta de Vigo, la empresa ha establecido que cualquier parte involucrada podrá solicitar automáticamente la reapertura de las negociaciones del Convenio Colectivo 2024-2027, lo que llevaría a una reconsideración completa del acuerdo.
Los sindicatos, representando los intereses de los trabajadores, han expresado su visión sobre este compromiso.
En particular, UGT considera «imprescindible y fundamental» que Stellantis adjudique la nueva plataforma eléctrica a Vigo.
Aunque destaca la necesidad de incluir una cláusula en el convenio que obligue a renegociar el acuerdo en caso de que la adjudicación no se concrete.
Por otro lado, desde la CUT, Vitor Mariño ha expresado su preocupación por la falta de una adjudicación inmediata, sugiriendo que podría ser parte de una estrategia de la empresa para obtener más subvenciones públicas.
En este sentido, la CUT ha convocado una manifestación en protesta por lo que consideran una regresión económica y social propuesta en el convenio.
Además de la cuestión de la plataforma eléctrica, Stellantis ha presentado otras propuestas para la firma del convenio, que incluyen la ampliación de la oferta de contratos para los próximos cuatro años.
Entre estas ofertas se encuentran evoluciones de contratos estables, novaciones de jornada y supuestos de caducidad de cláusulas de variabilidad.
La empresa también ha propuesto un aumento salarial basado en el IPC del año anterior, con un complemento adicional sujeto a ciertos límites.
La firma ha solicitado a los sindicatos que se posicionen a favor o en contra de la firma del convenio el próximo lunes.
En este contexto, la CUT ha mostrado su rechazo, destacando la regresión económica que supondría para los empleados.
La manifestación convocada por la CUT se presenta como un punto de inflexión en las tensiones laborales, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del convenio colectivo.
Aragón quiere atraer la gigafactoría de baterías de Stellantis
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que continúa en comunicación y trabajando de manera discreta con el Ministerio de Industria y Stellantis.
El objetivo es lograr que la planta de la compañía en Figueruelas (Zaragoza) sea seleccionada como la ubicación para la gigafactoría de baterías.
Aunque reconoce que le gustaría que Aragón fuera tratada con igualdad en comparación con otras comunidades autónomas que también compiten por acoger una fábrica de baterías.
Durante la rueda de prensa de evaluación de los primeros cien días del Gobierno PP-Vox, Azcón expresó su deseo de que Stellantis hubiera obtenido mayores fondos en el PERTE II, ya que solo recibió 55,9 millones de euros, en contraste con otras fábricas que recibieron hasta 200 millones.
El presidente autonómico destacó que el compromiso del ministro de Industria en funciones, Héctor Gómez, con la llegada de la fábrica de baterías a Aragón es del «220%» y expresó su confianza en que se cumpla.
Además, considera que esto sería un hito fundamental para el sector de la automoción.
Azcón subrayó el compromiso continuo del Gobierno de Aragón con Stellantis y su colaboración con el Ministerio de Industria.
Destacó que la llegada de esta gigafactoría no solo beneficiaría a la comunidad autónoma, sino que también abastecería a las plantas de la empresa en Vigo y Madrid, y dinamizaría el 10% del PIB español vinculado a la industria automotriz.
