Recientemente se ha conocido que el Gobierno retomará finalmente el proyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, con la expectativa de su aprobación en febrero.
Esta iniciativa se encuentra pendiente desde 2021, cuando el por entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inició su redacción.
El adelanto de las elecciones impidió que el proyecto sea aprobado y entrara en vigor el año pasado.
En diálogo con Mobility Portal España, Carlos Rico, Policy Officer de Transport&Environment (T&E), declara: «Nos preocupa que el Gobierno presente el borrador original de la Ley de Movilidad Sostenible».
Cabe destacar que el texto final ha sido redactado en 2022 y tiene como objetivo principal la descarbonización del transporte en España, responsable del 27 por ciento de los gases de efecto invernadero.
Este se engloba dentro de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.
En los últimos años, T&E, junto a otras ONGs, sindicatos y organizaciones, ha abogado por presentar propuestas destinadas a mejorar el proyecto.
Por lo que espera que no se presente el borrador original, especialmente considerando las conversaciones mantenidas con diversos grupos políticos que consensuaron varias opciones para mejorar el texto.
“Hay muchos apartados que consideramos que no tienen la ambición suficiente”, remarca Rico.
Y adelanta que en el plazo que queda hasta febrero, cuando la Ley se presentará en el Consejo de Ministros, T&E buscará “mejorar todo lo posible”.
Entre las propuestas que ofrecen para fomentar la movilidad sostenible y la descarbonización del transporte se encuentra la electrificación, principalmente en el ámbito del transporte por carretera.
Por ello es esencial continuar desplegando la infraestructura de recarga, sobre todo en municipios rurales que son los más afectados por la ausencia de cargadores.
De acuerdo a la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), el territorio nacional cuenta con 25.180 puntos de recarga de acceso público.
De ellos, 13.978 se encuentran ubicados en entornos urbanos y 11.202 en áreas interurbanas.
Es importante resaltar que 8.869 de estos están actualmente fuera de servicio.
“Proponemos que el Gobierno elabore, a través de la Ley de Movilidad Sostenible, un plan estatal para el despliegue de puntos de recarga en municipios con menos de 30.000 habitantes y en zonas de baja densidad de población”, indica Rico.
Esto con el fin de garantizar la instalación de al menos un punto de recarga en todas las localidades que tengan entre 2000 y 30.000 habitantes.
De lo contrario, solo aquellos españoles que residan en ciudades podrán acceder a la carga pública, dejando a aquellos que viven en zonas rurales dependientes de la carga privada.
En este punto también es necesario que se publique el Mapa Nacional de Puntos de Recarga, proporcionando a los usuarios de vehículos eléctricos la seguridad de conocer la ubicación de los cargadores, facilitando así sus desplazamientos.
El sector lleva mucho tiempo esperando la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, especialmente considerando que España es uno de los pocos países europeos que aún no la ha implementado.
“Hay que hacerlo de inmediato, tanto por las exigencias de Europa como por las necesidades del país”, subraya el representante de T&E en este sentido.
Y enfatiza: “No hay que desaprovechar las oportunidades que ofrece esta Ley para transformar nuestra movilidad y reducir en gran medida las emisiones del transporte, que es el sector que más impacto tiene”.
Además de la Ley de Movilidad Sostenible, T&E impulsará varios proyectos durante 2024
En los últimos años, T&E ha dado forma a algunas de las leyes medioambientales más importantes de Europa.
Su objetivo es lograr un sistema de movilidad sin emisiones que sea asequible y tenga un impacto mínimo en la salud, el clima y el medio ambiente.
De cara al año que recién comienza, la ONG ya cuenta con varios proyectos que impulsarán durante este 2024.
La actualización de su mapa de puntos de recarga con los datos nuevos de este año es uno de ellos.
No obstante, hará especial énfasis en proponer una reforma del Plan Moves que esté alineada con las necesidades del sector.
Una de las modificaciones más demandadas es la revisión del proceso de otorgamiento de ayudas.
Actualmente, los plazos de espera para recibir los fondos son demasiado extensos.
Por lo tanto, desde T&E proponen que estos se reciban a través de deducciones fiscales, culminando en una subvención directa al comprador del vehículo eléctrico.
“La prioridad en España ahora mismo es ponerse al día con la electrificación, puesto que es uno de los países más retrasados en este aspecto, lo que representa un desafío en términos de emisiones y competitividad industrial”, insiste.
Esto es crucial para atraer a inversores en el ámbito de la electromovilidad.
