Las ayudas públicas del Moves Mitma, dirigidas a la descarbonización de las flotas de camiones y autobuses, concluirán el próximo 30 de abril y aún no se ha confirmado si habrá una prórroga para las mismas.
«Falta poco para que terminen y aún no tenemos noticias”, señala Félix García, Director de Comunicación y Marketing de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), a Mobility Portal España.
El plan de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías, gestionado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros.
Según ha informado la administración, en 2021 se destinaron 174 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas, en 2022 se incrementó la asignación en 196,2 millones y en 2023 se aprobaron ampliaciones por valor de 16,7 millones de euros.
Esto suma un total de 386,9 millones de euros.
Hasta 2023, Andalucía fue la CC.AA. que recibió la mayor inversión, seguida por Valencia y Madrid respectivamente.
En tanto, de acuerdo a las cifras publicadas el mes pasado, las solicitudes ya superan en 80 millones de euros el presupuesto asignado.
Esto demuestra un fuerte interés por parte de los operadores de autobuses y camiones en electrificar sus flotas.
Sin embargo, las solicitudes para achatarrar vehículos pesados en el marco de estas subvenciones ascienden a 256,8 millones de euros, mientras que las destinadas a la adquisición de automóviles de bajas emisiones suman 214 millones de euros.
Esto sugiere que las ayudas están siendo utilizadas más para retirar vehículos que para comprar nuevos.
Hasta la fecha, se ha subsidiado la adquisición de 1.535 autobuses y únicamente 688 camiones, una disparidad que resulta notable en vista de que en España hay seis veces más camiones que autobuses.
Según información recogida por Europapress, ahora, el Ministerio está preparando una nueva convocatoria y se prevé que mantenga la misma línea que hasta el momento.
No obstante, a menos de dos semanas de que esta concluya, aún no se ha anunciado su continuidad.
Desde ANFAC destacan que la ausencia de una prórroga tendría un impacto sumamente negativo en el proceso de descarbonización.
“Estamos muy preocupados, no solo por la posible falta de ayudas, sino también por la carencia de infraestructura de recarga necesaria para estos vehículos”, asegura Félix García.
Actualmente, según los datos publicados por la asociación en su último Barómetro de la Electromovilidad, España cuenta con 29.301 puntos de recarga instalados, de los cuales solo el 5% corresponde a carga ultrarrápida (de al menos 150 kW).
“Hoy en día, una cabeza tractora 100% eléctrica no puede transportar fresas de Huelva a Berlín, ya que en España no hay infraestructura de alta potencia de 800 kilovatios necesaria para cargar un camión en el tiempo de descanso del transportista”, explica.
Se espera que esta situación se resuelva con la inminente obligatoriedad del Reglamento Europeo de Infraestructuras para Combustibles Alternativos (AFIR), que será directamente aplicable en cada Estado miembro a partir del 13 de abril.
Este establece objetivos nacionales obligatorios que garantizarán la implantación en la Unión Europea de suficiente infraestructura para los combustibles alternativos destinada a vehículos de carretera.
Y no solo ello, sino que además, recientemente el Parlamento Europeo ha aprobado nuevas y ambiciosas metas de reducción de emisiones de CO2 para vehículos pesados, camiones y autobuses.
Este reglamento mantendrá el aumento de reducción de CO2 establecidos en la propuesta de la Comisión Europea, que prevé alcanzar un 45% en 2030, un 65% en 2035 y un 90% en 2040 para vehículos pesados.
En cuanto a los autobuses urbanos, se establece un propósito del 100% de reducción de emisiones para el año 2035, con un objetivo intermedio del 90% para esta categoría en 2030.
El texto acordado amplía su alcance para casi todos los coches pesados nuevos con emisiones de CO2 certificadas, lo que abarca desde camiones pequeños hasta autobuses urbanos, autocares y remolques.
Además, se ha adelantado la fecha de revisión del Reglamento a 2027, un año antes de lo propuesto por la Comisión.
Cabe destacar que durante 2023, se matricularon en España 341 unidades de vehículos pesados y 538 autobuses electrificados, lo que representa el 1,2% y el 14,3% del mercado electrificado en cada una de estas categorías, respectivamente.
En este sentido, ANFAC insiste en que el cumplimiento de los objetivos de la UE debe ir acompañado por medidas que impulsen este mercado, junto con el desarrollo simultáneo de infraestructuras de recarga adecuadas para estos.
“Si no se otorgan las ayudas y se implanta la red de recarga necesaria, se va a paralizar el mercado”, afirma García.
