La semana pasada el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha concedido provisionalmente 500 millones de euros de fondos europeos.
Un 20% se destina a subvencionar la compra de 422 autobuses eléctricos y la Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS) celebra la iniciativa.
Pero la realidad es que su director Jaime Rodríguez Medal toma la oportunidad para pedir un rediseño.
“Si el diseño de los fondos se hubiera hecho de otra manera, probablemente hubiésemos conseguido un mayor número de buses sostenibles”.
El problema aquí es que esta convocatoria incluye otro tipo de actuaciones.
Desde la óptica de CONFEBUS, si se tratase de una acción exclusiva, se hubiese podido ver una mayor ambición.
Asimismo, el hecho de que se puedan adjudicar los fondos a los operadores de transporte también podría sumar en el modelo ideal.
“La base de todo esto está en los límites y las cuantías que ha establecido el Gobierno”, asegurael directivo de CONFEBUS en contacto con este medio.
Los 100 millones de MITMA
Cabe tener en cuenta que tras meses de trabajo y evaluación, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana definió que financiará 432 actuaciones.
Todas ellas encaminadas a la compra de buses eléctricos, el despliegue de carriles bici, la peatonalización, la digitalización de servicioso la implantación de zonas de bajas emisiones, entre otros.
Provisionalmente se seleccionaron estos 432 proyectos, de entre las 679 solicitudes presentadas por un total de 188 potenciales beneficiarios del programa.
Entre ellos se encontraban municipios de más de 50.000 habitantes, capitales de provincia y ayuntamientos de localidades de más de 20.000 habitantes.
¿Un requisito clave?
Que se disponga de un servicio de transporte público colectivo urbano interior y de un Plan de Movilidad Sostenible.
La convocatoria, abierta el pasado 26 de julio, se ha celebrado en régimen de concurrencia competitiva.
Por lo cual han sido seleccionadas las actuaciones que mayor puntuación han obtenido en base a criterios de madurez, impacto, calidad y relevancia.
Un detalle clave es que de los 500 millones, 100 están orientados a la compra de buses eléctricos e hidrógeno verde.
Según lo previsto se podrá financiar la adquisición de 423 unidades de cero y bajas emisiones, como así también la infraestructura de recarga para su funcionamiento.
En este sentido, Portal Movilidad España realizaba días atrás el relevo de cada ciudad adjudicataria de los fondos, que puede encontrarse en este mismo link.
CONFEBUS pide “ser realistas”
En otras ocasiones CONFEBUS también ha elegido a este medio para sentar postura.
Así ha sido con la posibilidad de contar con una normativa que permita a partir de 2027 comercializar únicamente autobuses urbanos eléctricos o de pila de combustible.
Sin dejar de respaldar la electrificación, la confederación considera que debe tenerse cierta cautela al tomar estas decisiones.
“La tecnología que existe a hoy no nos permite incorporar en gran medida autobuses distintos a los diésel más allá del ámbito urbano”, planteaba Jaime Rodríguez Meda de CONFEBUS.
A lo que agrega: “Hay que ser realistas ya que no existe tecnología para poder sustituir todo el parque de autobuses”.
La electrificación ha ganado gran lugar en las flotas de las principales ciudades europeas.
Pero una realidad es que al hablar de trayectos interurbanos la autonomía disponible complejiza las operaciones.
Asimismo, otra barrera que se presenta a la hora de hablar de estas renovaciones es el costo de adquisición de los buses eléctricos o de pila de combustible.
Muchas veces, el coste es más de dos veces superior al de las tecnologías convencionales y las ayudas no suelen funcionar como una palanca.
“No solo son más caros, sino que se requiere una inversión en infraestructuras, talleres, formación del personal”, recuerda en este punto. el direc
Cabe recordar que ya 11 ciudades europeas, entre las que se encuentran París, Milán, Barcelona, Málaga, Valencia, Sevilla y Palma de Mallorca, han escrito una carta dirigida a la Comisión Europea.
La misma tiene el foco en poner en conocimiento de los legisladores la necesidad de fijar un objetivo de ventas de autobuses urbanos.
Todo con el fin de para garantizar un suministro de vehículos ecológicos.
Actualmente, los autobuses urbanos en Europa son responsables de la emisión de alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.
Es por ello que los demandantes piden la intervención de la Comisión Europea.
Esto, ya que consideran que sin acción directa de la UE, los fabricantes de este tipo de vehículos no igualarán nunca la demanda de buses urbanos de cero emisiones.
Cuestión que pondría en peligro los compromisos de las ciudades de cara a la reducción de emisiones y la mejora y el control de la calidad del aire.
