La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha comunicado que la elaboración del mapa de la potencia de la red eléctrica ya se encuentra en proceso, aunque su publicación llevará tiempo.
Se estima que la circular será aprobada en un plazo de un año y estará disponible para consulta en «apróximadamente» dos años.
¿A qué se deben estos plazos de preparación?
Principalmente al proceso necesario para que las empresas energéticas lleven a cabo el mapeo correspondiente.
Este mapa responde a una demanda del sector que ya cuenta con larga data.
La necesidad de conocer las potencias de cada ubicación para poder planificar sus proyectos e inversiones de manera más precisa es inminente, debido que hasta el momento los planteos de proyectos eMobility debenr realizarse sin información previa.
De esta manera evitará que los CPOs se encuentren con dificultades en la gestión de la potencia, ya que no reciben la que solicitan por falta de capacidad en determinada ubicación.
En este sentido, Carlos Ferraz, eMobility Director de PRIO, señala a Mobility Portal España: “Muchas veces tenemos dificultades con la gestión de la potencia, puesto a que no recibimos la que solicitamos y debemos reiniciar el proceso”.
Es importante destacar en este punto que el mapa ayudaría a reducir la parte más larga del proceso de habilitación de un punto de recarga, el cual actualmente puede llevar meses o años, que es la obtención de la energía solicitada.
Paralelamente, en Portugal no solo cuentan con un operador de red de distribución que posee casi el 100% de la misma, sino que además ya disponen de este mapa público.
La información de este es proporcionada por E-REDES, que muestra una aproximación de los valores relativos a los activos de la red eléctrica instalados.
Como también el porcentaje respectivo de energía utilizada extraída por los sistemas, referido al momento de recopilación de la información.
“Por lo tanto, la gestión es más sencilla que en España”, asegura.
De igual manera, Bastian Verot, co-General Manager de Electra, indica que uno de los principales desafíos en el territorio nacional es la obtención de la potencia necesaria para los puntos de recarga.
En la actualidad, cada instalación requiere un trámite con la compañía distribuidora, que solo puede iniciarse una vez que la instalación esté terminada y aprobada por la inspección.
Tras obtener la carta técnico-económica, se debe esperar nuevamente para conectar la infraestructura a la red eléctrica.
Por lo que desde el sector subrayan que si la red de recarga no crece más rápido no es por falta de esfuerzo de los operadores, sino por los obstáculos vinculados.
Verot también observa otro reto: “El suministro de energía y la red en España no es tan vigorosa como lo puede ser en otros países”.
Se espera que esto se solucione con el Plan de Acción de la Unión Europea (UE) para las Redes Eléctricas.
Este tiene como fin abordar los principales desafíos para ampliar, digitalizar y utilizar mejor las redes de transporte y distribución de electricidad de la UE.
Además, permitirá actualizar la red, puesto que el 40% de las redes de distribución europeas tienen una antigüedad de más de 40 años.
Para ello, se estima una inversión de unos 575.000 millones de euros para 2050.
“España es uno de los primeros países que tendrá subvenciones para acelerar en este ámbito”, señala Verot.
Tanto la modernización de la red nacional como el contar con un mapa público de potencia será ideal para cumplir con los objetivos contemplados en el Reglamento Europeo de Infraestructuras para Combustibles Alternativos (AFIR).
Especialmente para electrificar uno de los segmentos más contaminantes, que es el del transporte pesado.
En este marco, recientemente la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) ha organizado una reunión con profesionales del sector para dar continuidad a los trabajos de PIRVEP.
Esta Plataforma para las Infraestructuras de Recarga de Vehículos Eléctricos Pesados cuenta con dos objetivos principales: la reducción de los plazos de los trámites y su simplificación a nivel nacional.
Así como también lograr la rentabilidad en el despliegue masivo de las infraestructuras de recarga de alta potencia.
