En el marco del Global Mobility Call (GMC), la titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), ha hecho referencia a los incentivos gestionados por las regiones autónomas.
Tanto las Comunidades, como los Ayuntamientos y las empresas comparten la responsabilidad de transformar la movilidad.
“Por convencimiento y porque ya tienen adjudicados o transferidos 3.600 millones de euros para hacerlo posible”, remarca la ministra en funciones, Raquel Sánchez Jiménez en su discurso inaugural.
Además, sostiene que es necesario que las Administraciones receptoras de estos fondos “contribuyan a acelerar su ejecución” y garanticen que ese dinero llegue a la economía real.
Al respecto, Sánchez subraya la importancia de una gobernanza horizontal que se base en el diálogo y la colaboración.
“Este no es el campo apropiado para la lucha partidista, sino para la defensa del interés general”, sostiene.
Con ello se refiere a la importancia de que las autoridades locales trabajen para acelerar la ejecución de las inversiones destinadas a la movilidad sostenible.
Estas inversiones se encuentran financiadas con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, cuyo fin es estimular la compra de vehículos eléctricos e instalar infraestructuras de recarga.
El programa se enmarca dentro del Fondo de Recuperación Next Generation EU y forma parte de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.
Estas medidas tienen como objetivo la promoción de entornos urbanos más saludables y la fomentación de sistemas de transporte más sostenibles.
Para ello, se ha financiado la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y reforzado las que ya están en funcionamiento.
La Ley del Cambio Climático y Transición Energética ha obligado a 149 municipios a crear una ZBE antes de enero del año 2024.
Sin embargo, hasta el momento, tan solo 12 ciudades han implementado estas zonas que restringen el acceso a los vehículos contaminantes.
Entre ellas se encuentran Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Córdoba, A Coruña, Pontevedra, Pamplona, Badalona, Sant Cugat del Vallés, L’Hospitalet de Llobregat.
Recientemente, MITMA ha notificado a alrededor de 200 municipios sobre la necesidad de llevar a cabo la implementación de las ZBE.
De lo contrario, se les requerirá la devolución de las ayudas otorgadas a través de los fondos del programa Next Generation EU, los cuales contemplan una suma total de 1.500 millones de euros.
Cabe destacar que el Real Decreto publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sostiene que el diseño de modelo de las zonas depende de la decisión de cada municipio.
Por ello, el dinero debe ser utilizado para financiar proyectos que contribuyan al funcionamiento de estas.
Como también a más de 1.000 actuaciones destinadas a descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana.
Por ello, la titular de MITMA hizo hincapié en que la transición ecológica en el ámbito de la movilidad no es un capricho de este Gobierno sino que representa un compromiso a nivel global y europeo.
Y que, a su vez, es necesario atender las incertidumbres que este cambio en la modalidad de desplazamiento genera en la sociedad.
La falta de infraestructura de recarga es uno de los aspectos que provoca desconfianza en la población.
De acuerdo a la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), informa que el territorio nacional cuenta con 22.760 puntos de recarga.
De ellos, 6.704 se encuentran fuera de servicio, lo cual representa un 23%, bien sea por estar en mal estado, averiados o aún sin conectar a la red de distribución eléctrica.
Según ANFAC, el ritmo de despliegue continúa siendo inferior al esperado y tan solo el 22% de la infraestructura cuenta con una carga con potencia superior a 22 kW.
