Desde la Fundación creen que esta Ley tiene un gran margen de mejora.
«Se debería aprovechar la necesidad de actualizar el texto para incorporar objetivos y una planificación adecuada para pasar del papel a los hechos», indica Cristian Quílez, responsable de políticas públicas de ECODES.
Ente los ejes ubicados en el centro de la ecuación, enumera:
«Tener en cuenta cuestiones sociales, garantizar políticas de transformación urbana como las Zonas de Bajas Emisiones, y asegurar la reducción de emisiones de los sistemas de movilidad gracias a la electromovilidad, entre otros».
ECODES apuesta porque esta Ley de un paso más para erradicar «una de las barreras que desincentiva a la ciudadanía» a pasarse a la movilidad eléctrica: los puntos de recarga.
Piden una estrategia de despliegue de puntos de recarga con plazos y financiación.
De las 45.000 estaciones establecidas como meta para 2023, se alcanzaron cerca de 30.000, aunque 9.000 de estas infraestructuras todavía no están operativas. Teniendo en cuenta estos números, los objetivos determinados en el PNIEC y en el Fit for 55 no llegaron a cumplirse.
En este marco, el terreno eMobility busca respuestas que le den mayor certeza, no sólo al sector, sino que también, a la población. Actualmente, se respira un clima de confusión que condiciona a los españoles que quieren cambiar su automóvil.
Muchos que van por el camino de un coche eléctrico, no saben si están garantizados los puntos de recarga a lo largo y ancho del país.
«La incertidumbre generada por determinados sectores posiciona a España a la cola de Europa», señala Quílez.
Y continúa: “Sabemos que la infraestructura de puntos de recarga es una de las principales barreras junto con el precio, obviamente”.
Si bien en España se está generando una transición hacia la movilidad eléctrica, para el referente, es necesario impulsar «una estrategia nacional de despliegue de infraestructura de recarga».
Aunque para ECODES la electromovilidad solo es un elemento de la normativa, Quílez plantea que la Ley de Movilidad Sostenible “debería aprovecharse”.
Además, entiende que «este contexto también tendría que ser el espacio en el que el Gobierno se comprometa (de nuevo) a la tan reclamada reforma del sistema de distintivos ambientales de vehículos».
Los distintivos ambientales son la forma de catalogar los coches que hay en circulación teniendo en cuenta el impacto medioambiental que generan cuando se encuentran encendidos.
En este sentido, el representante, explica: “Son una herramienta esencial para que las medidas de transformación urbana cumplan con sus objetivos, es decir, que logren mejorar los indicadores en las ciudades. Ahora mismo son un engaño para la ciudadanía”.
Agrega que la Ley debería contemplar todas las zonas grises y puntos de incertidumbre, y así despejar dudas, “en vez de ser una Ley tan paraguas”.
ECODES hace referencia a la inclusión de determinadas propuestas prioritarias para el texto legal. Entre ellas, los objetivos en materia de calidad del aire que dispone la Organización Mundial de la Salud.
“Una Ley de Movilidad Sostenible que incluye medidas de electrificación y de descarbonización tiene que atender a un objetivo en materia de calidad del aire y salud, de las personas y del planeta”, determina Quílez.
Es por eso que desde la Fundación apuestan porque la Ley sirva como un eje que alcance un sistema de transporte multimodal, eficiente, descarbonizado, justo e inclusivo para España. Esto significa elaborar una «estrategia nacional en cuanto al transporte».
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): una problemática vigente según ECODES
Estos espacios se convirtieron «interesadamente en una pesadilla» que a muchos ayuntamientos les quita el sueño. Desde que se realizaron las elecciones locales, se concretaron distintos planes de movilidad sostenible que “se desmembraron o que están dando retrocesos muy intensos fruto de la politización de las medidas».
Desde ECODES consideran que en España hay ayuntamientos que «cogen el dinero europeo, pero se muestran contrarios a los usos que Europa quiere de esas cifras”.
La Ley de Movilidad Sustentable llega en un escenario de “incumplimiento” por parte de la mayoría de los Ayuntamientos obligados a implementar Zonas de Bajas Emisiones para promover la transformación urbana y reducir el impacto masivo del tráfico privado en las ciudades.
Por ejemplo, Valencia, cuyo anterior Gobierno había ideado cinco ZBE, se quedará con una sola que únicamente se activará cuando se superen los límites contaminantes.
Ante la problemática, Quílez, reflexiona: “Europa y el Gobierno de España deberían retirar los fondos o hacérselo devolver a los ayuntamientos que no hagan el uso para cual fueron dispuestos”.
Dentro de los fondos del programa de ayudas a la implementación de ZBE también se habían incluido otros propósitos, como la renovación de la flota de autobuses.
“No hay muchos Ayuntamientos con ganas de aprovechar las ZBE para cambiar la movilidad y el urbanismo de su ciudad. La desinformación se ha instalado y la utilización partidista también. Mientras, en Europa, se sigue avanzando, incluso hacia zonas de cero emisiones. Es una pena que en el contexto actual algunos no piensen en la salud de las personas y del planeta”, agrega el miembro de la fundación.
ECODES cree firmemente que hay que explicarle a la ciudadania los cambios en movilidad, el porqué de las políticas y medidas que se impulsan y cuáles son las ventajas y los beneficios que tienen de forma global, pero también individualizada por sectores.
“Se tiene que diseñar un ordenamiento de movilidad lógica acorde a lo que se está haciendo, queremos pensar que tarde o temprano se va a entrar en razón. Ojalá podamos aprovechar la Ley de Movilidad Sostenible para, al menos, afianzar el camino”, concluye Cristian Quílez, responsable de políticas públicas de ECODES.
