Transport & Environment (T&E) y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) han puesto de manifiesto la disparidad en el despliegue de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en España.
En este sentido, revelaron que Madrid y Barcelona, a pesar de representar solo el 3% del territorio nacional, acaparan el 28% de los puntos de carga, mientras que la «España vaciada» se ve limitada al 15%.
Ante esta situación, ambas organizaciones instan al Gobierno español a seguir los modelos exitosos de países como Alemania y Países Bajos.
Como a su vez, a elaborar un plan nacional de despliegue que garantice una expansión equitativa hasta el año 2030.
Según un informe de T&E, si bien la infraestructura de carga está en aumento, la distribución desigual plantea desafíos significativos.
La Federación aboga por establecer objetivos provinciales que reflejen el número de vehículos eléctricos matriculados, reconociendo la necesidad de un enfoque adaptado a la realidad española, dada su topografía única y densidad poblacional particular.
Óscar Pulido, responsable del programa de electrificación de flotas en T&E, destaca la importancia de extender los puntos de recarga a áreas de baja densidad de población y principales carreteras.
El objetivo es facilitar los viajes fuera de las grandes ciudades y permitir a empresas operar en esas zonas con vehículos eléctricos.
Según el Reglamento de la Unión Europea sobre Infraestructuras para Combustibles Alternativos, España debe multiplicar por diez el número de cargadores para 2030 y duplicar las estaciones públicas de recarga para 2027.
Aunque el despliegue es ambicioso, T&E considera que es factible, especialmente dado el aumento significativo del número de cargadores desde 2020.
Actualmente, de acuerdo a los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), España cuenta con 25.180 puntos operativos.
El tercer trimestre del año reveló que España puso en funcionamiento 2.420 puntos de recarga, en comparación con los impresionantes 31.846 instalados por Alemania en el mismo periodo.
Esto destaca la necesidad de acelerar el ritmo de implementación en España.
El estudio también subraya la importancia de considerar factores como el tipo de vivienda predominante en cada zona, el acceso a la recarga doméstica y las áreas de alta afluencia turística.
Cristian Quílez, responsable de transporte y movilidad de ECODES, concluye que el despliegue debe ser estratégico y no dejado únicamente en manos del mercado libre.
Abogando así por una colaboración efectiva entre el Gobierno nacional, los Gobiernos regionales y el sector privado para garantizar la cohesión social y la vertebración territorial en la implementación de esta infraestructura.
T&E y ECODES con la mira en el nuevo ministro de Transportes
El nombramiento de Óscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha despertado esperanzas en T&E.
Basándose en las acciones progresistas durante su mandato como alcalde de Valladolid, donde destacan iniciativas como la electrificación de autobuses y la Zona de Bajas Emisiones, se espera un enfoque renovado en la movilidad sostenible a nivel nacional.
Durante su liderazgo en Valladolid, Puente invirtió significativamente en la electrificación de la flota de Autobuses Urbanos, adquiriendo 11 eBuses.
Ahora como ministro nacional, T&E espera que el mandatario dirija su política hacia la movilidad verde, especialmente ante la posibilidad de una nueva Ley de Movilidad Sostenible.
El proyecto anterior, criticado por su falta de metas específicas de descarbonización, podría obtener una segunda oportunidad.
Carlos Bravo, experto en políticas de T&E, sugiere que el nuevo debería establecer objetivos claros alineados con compromisos internacionales, la Ley de Cambio Climático y facilitando el cumplimiento de los objetivos del PNIEC.
Desde ECODES, Quílez insta a retomar el proceso legislativo y aboga por un proyecto ambicioso y receptivo a enmiendas.
También destaca la importancia de excluir ciertos biocombustibles y combustibles sintéticos en las regulaciones futuras, concentrándose en alternativas para sectores de difícil descarbonización.
La colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) es esencial, especialmente en la implementación del AFIR.
En última instancia, la expectativa es que el nuevo Ministerio garantice los recursos técnicos y financieros necesarios para impulsar la transformación de la movilidad de cero emisiones.
El objetivo es avanzar hacia municipios sostenibles y saludables para el 2030, demostrando el compromiso de España con los objetivos climáticos nacionales e internacionales.
