«Nos hemos quedado muy lejos de esos 45.000 puntos de recarga marcados para lograr los objetivos del PNIEC para 2030 y este año la exigencia aumenta hasta los 64.000, dos veces la red de infraestructura actual”, manifiesta José López-Tafall, director general de Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).
Actualmente el país se encuentra lejos de cumplir los objetivos establecidos en el PNIEC y en el Fit for 55.
De los 45.000 establecidos como meta para 2023, se alcanzaron cerca de 30.000 estaciones, aunque 9.000 de estas infraestructuras todavía no están operativas.
En este marco, los desajustes que conlleva la problemática son cada vez más visibles.
Por eso, esbozar dichos conflictos resulta clave para encontrar soluciones que logren agilizar la emergencia del sector eMobility: mayor presencia de estaciones.
Entre los factores que constituyen el problema se encuentra que una cuarta parte de la infraestructura de recarga ya instalada en el país no funciona, ya sea porque está en mal estado, averiada o porque aún no fue conectada a la red de distribución eléctrica.
Es así que el director general de ANFAC, asevera:
“El despliegue de puntos de recarga interurbanos lleva más tiempo que el deseado y, si no aceleramos y resolvemos la falta de coordinación y gobernanza, el binomio mercado-infraestructura se desacopla”.
ANFAC, como representante de los fabricantes de automóviles, es consciente de la importancia que la entrada del vehículo electrificado y una red de recarga de acceso público con suficiente capilaridad, cantidad y calidad tiene para España.
Esta persistencia de numerosos puntos de recarga instalados sin funcionar se debe a que el tiempo de espera para poner en marcha un enchufe oscila entre 24 y 36 meses.
El obstáculo se presenta al conectar un punto de recarga a la red, donde entran en juego las empresas distribuidoras de energía.
Es necesario completar un procedimiento con la compañía, que solo puede iniciarse cuando la instalación está completamente terminada y obtuvo la aprobación de la inspección.
Lo cierto es que ya pasó un año desde la implementación de la declaración responsable, la disposición impulsada por el Gobierno con el fin de apurar los trámites de instalación de puntos.
Pero, esta parece todavía no haber resuelto el inconveniente burocrático.
Por su parte, desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) determinan que la medida contribuye a promover la colocación de cargadores.
Una respuesta a la problemática puede hallarse en la fusión entre el silencio administrativo y la declaración responsable para agilizar el esperado despliegue.
El sector empresarial representado por ANFAC propone la estrategia del silencio administrativo como solución ideal para minimizar las demoras. En este caso, si no se recibiera respuesta a la solicitud de habilitación del punto en un lapso de tres meses, este quedara automáticamente habilitado.
Otro planteo de la patronal se relaciona a los programas de ayuda que otorga el Estado para desarrollar la movilidad eléctrica en el país.
“Si queremos ser un hub de electromovilidad, necesitamos que las ayudas a la electrificación sean estructurales hasta que su penetración sea masiva en el mercado”, determina López-Tafall.
ANFAC solicita la sustitución urgente del actual MOVES por un plan con ayudas directas, el establecimiento de Centro Estatal para el despliegue de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y repostaje de vehículos alternativos (CEIRVEA) como instrumento de apoyo prioritario para la planificación y seguimiento, coordinado por Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Así como también, una fiscalidad que incentive la compra del vehículo de cero y bajas emisiones, especialmente en las empresas.
Por último, aboga por reforzar la actual política industrial para potenciar las fortalezas industriales de España y atraer nuevas inversiones y proyectos.
