La Ley de Movilidad Sostenible debe ser aprobada antes de que finalice el 2024, para que España pueda acceder a una nueva partida de más de 10.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación y resiliencia dentro del plazo establecido.
Es por ello que el Gobierno se apresuró en febrero a presentar el anteproyecto a la Corte para iniciar su tramitación.
Sin embargo, como adelantó Carlos Rico, Policy Officer de Transport&Environment (T&E), a Mobility Portal España en enero, se presentó el borrador original de la ley.
Ante esta situación, el pasado lunes, 15 organizaciones sindicales, sociales, ecologistas y juveniles se reunieron junto a diputados y otros actores del sector en el Congreso para debatir el contenido del proyecto de ley.
Se destacaron algunas carencias principales en el articulado del proyecto de ley, como es la ausencia de la obligación de alcanzar la neutralidad climática del sector antes de 2050 en comparación con los niveles de 1990.
Asimismo, es necesario introducir en el articulado objetivos intermedios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y 2040, articulando para ello una vinculación legislativa con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Además, la ley deberá especificar que estos objetivos intermedios se podrán revisar al alza (existe ya un precedente similar en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España).
Estas propuestas han recibido el apoyo de SUMAR, ERC, EH Bildu y Junts.
Tampoco incorpora metas de reducción de la contaminación atmosférica provocada por este sector, “responsable de alrededor de 20.000 muertes prematuras en España cada año”, señala Carlos Bravo, uno de los organizadores del debate.
Además, menciona la necesidad de recoger medidas específicas para la movilidad sostenible, así como medidas concretas de transición justa y el concepto de «pobreza en el transporte».
Este punto también es recurrente en relación con los cambios solicitados en la posible nueva edición del Plan Moves.
En este sentido, el sector reclama que este contemple, entre otros aspectos, elementos que aumenten su financiación para colectivos de menores ingresos.
Tras el encuentro en el Congreso, Carlos Bravo asegura a Mobility Portal España que “el debate ha sido positivo”.
Tanto el Ministerio de Sanidad, como el de Transportes y Movilidad Sostenible, y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, dieron cuenta que “es necesario incluir objetivos de descarbonización” en la ley.
Esta postura fue respaldada por los grupos parlamentarios presentes.
“Incluso el representante del Grupo Parlamentario Socialista (el Diputado César Ramos) reconoció que la ley tiene muchas carencias”, confirma Bravo.
Cristina Arjona, Coordinadora de la Campaña de Movilidad en Greenpeace, y también una de las organizadoras del debate, detalla a Mobility Portal España:
«Es posible que no se acepten todas nuestras propuestas de cambio, pero confiamos en que al menos algunas de las principales demandas sean admitidas”.
¿Se logrará la aprobación de la ley este año?
Al igual que en 2023, la salida de esta se ve retrasada por elecciones.
El año pasado fueron las generales, mientras que ahora son las elecciones en el País Vasco (21 de abril) y en Cataluña (12 de mayo).
“Esto ha hecho que se retrase todo el trámite y todavía no se haya cerrado el plazo de presentación de enmiendas”, menciona Carlos Bravo.
Es probable que hasta después de las elecciones de Cataluña no se aclare el panorama político, ya que podrían afectar la estabilidad parlamentaria en el Congreso.
“Es muy posible que la situación de la tramitación no cambie hasta mediados de mayo, y luego el proceso podría retomar su ritmo”, señala en este sentido.
Si se realizan las mejoras solicitadas en el proyecto, “los partidos le darán su apoyo al Grupo Parlamentario Socialista y es posible que la ley pudiera estar aprobada y en vigor en octubre o noviembre de este año”.
¿Qué ocurriría si no se llegara a un acuerdo?
Si alguno de los partidos no apoya la ley, no saldrá adelante y se tendría que reiniciar todo el proceso, lo que perjudicaría no solo al Gobierno que necesita recibir una nueva partida de los fondos europeos, sino también a todos los españoles.
