El Reglamento Europeo de Infraestructuras para Combustibles Alternativos (AFIR) fue publicado el 13 de septiembre de 2023 y entró en vigor 20 días después, el 12 de octubre.
A partir del pasado sábado 13 de abril, el cumplimiento de esta normativa es obligatorio y directamente aplicable en cada Estado miembro de la Unión Europea.
Este constituye, según el sector, uno de los principales logros normativos del año 2024, facilitando así la transición hacia un sistema de transporte por carretera libre de emisiones de gases de efecto invernadero.
La Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS) ha señalado a Mobility Portal España que este asunto es sumamente importante.
En este sentido, argumentan que la red de infraestructuras de recarga es una de las tres condiciones básicas para la transición ecológica del transporte por carretera, junto con la disponibilidad de vehículos y energías limpias o combustibles alternativos.
“Los puntos de carga son una asignatura pendiente a día de hoy para el despliegue de flotas sostenibles, pues hay escasez de ellos”, afirma Jaime Rodriguez Medal, Director de CONFEBUS.
Actualmente, el territorio nacional cuenta con 30.350 cargadores instalados, de los cuales, 1.923 tienen una potencia que oscila entre 50 kW y 250 kW, y 587 superan los 250 kW.
De acuerdo a la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), la infraestructura pública de alta potencia (+250 kW) creció un 90% en 2023 y la carga rápida (50 a 250 kW) un 95%.
Según revela el Anuario 2023-2024 elaborado por la organización, esta opción es la preferida por los usuarios de vehículos eléctricos en la actualidad.
A partir de la entrada en vigor del AFIR, todos los puntos de recarga de nueva construcción en los países de la UE deberán cumplir los requisitos del Reglamento, mientras que la infraestructura existente no se verá afectada.
No obstante,a partir del 1 de enero de 2027, se requerirá también la modernización de los más antiguos, con una capacidad de carga de 50 kW o superior.
La exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Transporte y Movilidad Sostenible), Raquel Sánchez, calificó a esta ley como «un hito de nuestra política ‘Fit for 55’”.
Esto se debe a que contempla una ampliación de la capacidad de recarga pública tanto en las vías urbanas de las ciudades como a lo largo de las autopistas en toda Europa.
“Somos optimistas y pensamos que en un futuro próximo los ciudadanos podrán cargar sus coches eléctricos cada 60 kilómetros con la misma facilidad que ahora lo hacen en las gasolineras tradicionales”, sostuvo.
Por su parte, el Director General de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam), Fernando Miguélez, opina que este acuerdo responde a las necesidades y “aporta certidumbre” al sector.
¿Cuál es la hoja de ruta española para cumplir con el AFIR?
Para el año 2027, se requerirá que el territorio duplique la cantidad de estaciones públicas de recarga, y para el año 2030, deberá contar con un número de cargadores diez veces mayor al actual.
Esta medida es fundamental, especialmente para el transporte pesado, que representa el 29% de las emisiones del transporte por carretera en España.
Para que las empresas de logística puedan transicionar a la movilidad eléctrica, no solo necesitan incentivos, sino también una red de recarga que les garantice la posibilidad de llevar a cabo sus rutas con seguridad y tranquilidad.
Recientemente, Javier Avello, Strategic Project Manager de Lodisna, indicó a Mobility Portal España que desde la empresa se encuentran esperando al AFIR “como agua de mayo”.
El reglamento tiene como objetivo no solo asegurar la disponibilidad de infraestructura, sino también promover la transparencia en los precios y ofrecer opciones de pago ad hoc.
En concreto, según datos de AEDIVE, España tiene como objetivo electrificar para el año 2025 el 1% de las ubicaciones de parada de camiones más frecuentadas.
Esto equivaldría a aproximadamente 80 estaciones y unos 736 puntos de recarga.
De estos, se prevé que 16 serán de carga de megavatio (MCS) y 720 serán de corriente continua con el estándar CCS.
Para 2027, las estimaciones indican un incremento al 5%, lo que requeriría alrededor de 120 estaciones y aproximadamente 1.360 puntos de recarga, distribuidos en 60 MCS y 1.300 CCS.
Finalmente, para 2030, la meta apunta a electrificar el 10% de las ubicaciones de parada más frecuentadas, lo que supondría la instalación de unas 365 estaciones y aproximadamente 7.000 puntos de recarga.
De ellos, se anticipa que alrededor de 700 serían de tipo MCS y 6.300 serían de tipo CCS.
La instalación de cargadores para cumplir la normativa sumará inversiones acumuladas de unos 1.400 millones de euros.
De este total, aproximadamente un 50% será para refuerzo y extensión de la red y otro 50% para la instalación de infraestructuras de recarga.
Cabe destacar que recientemente la Comisión Europea ha destinado a España más de 72 millones de euros en el marco de la segunda fase del Fondo de Infraestructuras para los Combustibles Alternativos (AFIF 2024-2025).
Este apoya especialmente los objetivos establecidos en el nuevo reglamento para el despliegue de infraestructuras de combustibles alternativos.
Esta financiación contribuirá a proyectos para la implementación de puntos de recarga eléctrica, así como también estaciones de repostaje de hidrógeno.
