La llegada del Megawatt Charging System (MCS) es inminente y, según los anuncios del sector, pronto estará disponible para la carga de vehículos eléctricos, especialmente camiones.
Al mismo tiempo, el número de puntos de recarga está aumentando constantemente en el territorio nacional, superando actualmente los 30.000, y continuará creciendo en los próximos años para cumplir con el Reglamento Europeo de Infraestructuras para Combustibles Alternativos (AFIR).
Sin embargo, preocupa la falta de potencia en algunas ubicaciones y la desactualización de la red eléctrica.
Entonces, ¿quién debería asumir los costos de ampliación y modernización de la misma?
En el marco del Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica (CEVE), Ana Fernández, Product Manager eBus & eTruck en Iberdrola, asegura: “Las distribuidoras tendrían que acometer parte de estos de estos costes”.
«Al final, el operador es el responsable de asumir los costes de adecuación de la red para que luego puedan utilizarla el resto de naves o empresas ubicadas en esta zona de actuación», explica al respecto.
En este sentido, España tiene previsto destinar el 50% de los 1.400 millones de euros para fortalecer y expandir la red eléctrica, mientras que la otra mitad irá a la instalación local de puntos de recarga, según AEDIVE.
La meta es hacer que el sistema eléctrico sea más flexible y capaz de anticipar y adaptarse a las nuevas necesidades, lo que será fundamental para abordar el proceso de transición ecológica y cumplir los objetivos de clima y energía fijados para 2030.
Así como para avanzar en la digitalización y automatización de la red eléctrica.
A pesar de ello, Fernández destaca que «más del 95% de las rutas urbanas en España ya pueden ser realizadas con vehículos eléctricos».
Esto se debe no solo a la disponibilidad de puntos de recarga públicos, sino también a que en ocasiones los trayectos y las autonomías permiten realizar una única recarga nocturna en las cocheras de los operadores.
“Es una tecnología que ya está madura”, afirma.
Aunque hace hincapié en que ahora mismo la red eléctrica “no está preparada para abordar proyectos de alta potencia”, como el MCS.
Por lo tanto, «las distribuidoras están solicitando al Gobierno que les permita invertir más dinero» para adaptar y llevar a cabo estos proyectos de expansión, con el fin de proporcionar la potencia necesaria en los puntos que la requieran.
Por su parte, Juan Carlos León, Electromobility Sales Manager en Volvo, está de acuerdo con la representante de Iberdrola, pero añade: “Considero que ‘la fiesta’ la tenemos que pagar entre todos”.
“Tienes que pagar un poco más para que tu supermercado pueda transportar los bienes de una forma sostenible”, detalla.
De una forma u otra, es necesario mejorar la red, ya que actualmente muchas ubicaciones carecen de la potencia necesaria para instalar cargadores donde los operadores desean hacerlo.
De acuerdo a AEDIVE, para 2030, los objetivos del AFIR requieren electrificar el 10% de las ubicaciones de parada de camiones más frecuentadas, lo que se traduce en 365 estaciones y unos 7.000 puntos de recarga (700 MCS y 6.300 CCS).
Cumplir con este reglamento implica adaptar la red eléctrica para satisfacer las demandas de potencia asociadas con la transición energética.
Así como publicar un mapa de la potencia de la red para que los CPOs y otros actores del sector conozcan la energía en cada ubicación y se evite la especulación sobre la disponibilidad de la misma.
La falta de este actualmente conlleva a que los operadores no puedan planificar con seguridad los proyectos e inversiones de instalación en ciertas ubicaciones, ya que deben esperar a que las empresas energéticas les informen si la potencia solicitada está disponible o no.
Si no lo está, a menudo deben reiniciar el proceso desde el principio.
Otro problema que puede surgir es la gestión de la capacidad de la red, un asunto que está volviéndose crítico en muchas naciones, como los Países Bajos.
¿Qué soluciones posibles existen para abordar esto?
Para evitar que los vehículos eléctricos representen una «amenaza» para la red eléctrica, el concepto de recarga inteligente o Smart Charging se presenta como una solución eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente.
En este contexto, centros tecnológicos y diversas empresas están desarrollando laboratorios de movilidad sostenible que permiten gestionar, validar y visualizar diversas estrategias de Smart Charging.
Concretamente, esta tecnología es un sistema capaz de determinar cuándo, cómo y de qué manera es más rentable para el usuario cargar su vehículo eléctrico.
Esto permite minimizar el coste total de la recarga y optimizar el sistema, tanto desde la perspectiva del consumo eléctrico como desde la de los usuarios.
Este modelo posibilita realizar la carga de los vehículos de forma programada e incorporar la inteligencia necesaria para adaptar la misma a las restricciones de red.
