En octubre, la Unión Europea implementó el Reglamento sobre Infraestructuras de Combustibles Alternativos (AFIR, por sus siglas en inglés), marcando un hito en la transición hacia una movilidad más sostenible.
En este contexto, la organización Transport & Environment (T&E) ha llevado a cabo un análisis exhaustivo sobre el estado actual de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en España.
En este sentido, ha desvelando desafíos cruciales que el país debe abordar para cumplir con los objetivos establecidos.
Según los datos recopilados por T&E, cumplir con las normativas AFIR para 2025 requerirá duplicar la potencia de recarga desplegada en comparación con la capacidad actual.
Esto plantea un desafío significativo, ya que aproximadamente el 15% de los cargadores públicos están concentrados en provincias que representan casi la mitad del territorio nacional peninsular.
Esta disparidad territorial subraya la necesidad de que España adopte un enfoque estratégico único, considerando las características geográficas y demográficas propias del país.
El plazo apremiante para el envío de un marco normativo a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de 2024 añade presión a las autoridades españolas.
El país debe seguir el ejemplo de naciones líderes en movilidad eléctrica, como Alemania, Reino Unido e Irlanda, diseñando un plan que no solo cumpla con las regulaciones de la AFIR, sino que aborde de manera integral los desafíos específicos que enfrenta.
Uno de los puntos destacados en el análisis es la necesidad de considerar la diversidad geográfica y demográfica de España al diseñar el plan.
La densidad demográfica, las distancias entre localidades, los tipos de edificaciones y las zonas de alta afluencia durante los periodos estivales son factores críticos que deben ser tenidos en cuenta.
Además, se destaca la importancia de desarrollar estrategias específicas para facilitar la electrificación en el medio rural, así como en las zonas turísticas, donde la demanda de recarga podría experimentar picos estacionales significativos.
Para garantizar el éxito del plan, es imperativo que se fomente la colaboración entre el gobierno, empresas del sector y la sociedad civil.
La transición hacia una movilidad eléctrica sostenible es un esfuerzo colectivo que requiere la participación activa de todas las partes interesadas.
España se encuentra en un momento crucial en la implementación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.
Superar los desafíos actuales y diseñar un plan estratégico integral no solo asegurará el cumplimiento de las regulaciones europeas, sino que también posicionará al país como un líder en la adopción de tecnologías limpias y sostenibles en el ámbito de la movilidad.
La transición hacia un parque automovilístico completamente eléctrico es un paso esencial para un futuro más verde y resiliente.
Óscar Pulido, responsable del programa de electrificación de flotas en T&E, destaca la importancia de extender los puntos de recarga a áreas de baja densidad de población y principales carreteras.
El objetivo es facilitar los viajes fuera de las grandes ciudades y permitir a empresas operar en esas zonas con vehículos eléctricos.
Según el AFIR, España debe multiplicar por diez el número de cargadores para 2030 y duplicar las estaciones públicas de recarga para 2027.
Aunque el despliegue es ambicioso, T&E considera que es factible, especialmente dado el aumento significativo del número de cargadores desde 2020.
Actualmente, de acuerdo a los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), España cuenta con 25.180 puntos operativos.
Madrid y Barcelona, a pesar de representar solo el 3% del territorio nacional, acaparan el 28% de los puntos de carga, mientras que la «España vaciada» se ve limitada al 15%.
El tercer trimestre del año reveló que España puso en funcionamiento 2.420 puntos de recarga, en comparación con los impresionantes 31.846 instalados por Alemania en el mismo periodo.
Esto destaca la necesidad de acelerar el ritmo de implementación en España.
